Ley fijó este 2014 para que la flota de buses fuera totalmente accesible

Por: Hugo Solano 30 mayo, 2014

La Defensoría de los Habitantes levantó la voz ante las constantes las denuncias presentadas ante ese órgano por falta de rampas en los buses, el mal estado de muchas de las existentes y hasta por el maltrato de los conductores cuando se una persona con discapacidad solicita el uso de las mismas y con los adultos mayores.

Según un comunicado de la Defensoría, las respuestas del Consejo de Transporte Público (CTP) han sido displicentes, lentas y no satisfacen el interés de las y los usuarios con discapacidad, limitándose a canalizar las denuncias ante las empresas sin ejercer el deber de supervisión, inspección y sanción que corresponde.

La Defensoría pide al CTP que tome en cuenta el cumplimiento de la Ley 7.600 a la hora de renovar las concesiones a los empresarios.
La Defensoría pide al CTP que tome en cuenta el cumplimiento de la Ley 7.600 a la hora de renovar las concesiones a los empresarios.

Les preocupa que para este año 2014 el CTP renovará las concesiones de transporte público, sin verificar que estén cumpliendo los requerimientos de accesibilidad y exigen al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) que condicione la renovación de las concesiones al cumplimiento lo establecido por la ley en esta materia.

De igual forma hay quejas debido a que algunos taxis para personas con discapacidad no tienen las condiciones ni las medidas que se requiere para el traslado de las sillas de ruedas.

La Defensoría solicitó verificar que los taxis para personas con discapacidad reúnan las características técnicas necesarias para trasladar a estas personas sin ocasionarles incomodidades y ningún daño a sus sillas.

Maltratos a personas adultas mayores. La Defensoría también denunció que se incumple en forma constante el derecho de la exoneración tarifaria a la población adulta mayor por parte del sector transportista.

Esa entidad recibe múltiples quejas sobre debilidades en el control instaurado por los empresarios, lo que incide en maltrato hacia esta población, para reducir la posibilidad de que hagan uso del rebajo del pasaje de autobús, tales como la retención de cédulas o transportar un número determinado de adultos mayores por día.

En este sentido, la Defensoría ha recomendado que la acción del CTP vaya más allá del simple traslado de denuncias a un departamento de control y de este a las empresas autobuseras, así como se establezca un plazo razonable para que se realicen las valoraciones conforme con el procedimiento administrativo.

Otras quejas tienen que ver con el espacio del 5% de los parqueos para personas con discapacidad en lugares públicos.

Afirma la Defensoría que los vehículos deben contar con una identificación y autorización para el transporte y estacionamiento expedida por el MOPT, pero no se ha emitido ninguna normativa que regule la entrega de dicha identificación.