ICE implementará esta política a partir del 1.° de marzo

Por: Juan Fernando Lara 28 febrero
La Sala IV le concedió 4 meses a la Sutel para que determine la velocidad mínima de conexión a Internet que servirá de base para la aplicación de la política de uso justo.
La Sala IV le concedió 4 meses a la Sutel para que determine la velocidad mínima de conexión a Internet que servirá de base para la aplicación de la política de uso justo.

San José

La Defensoría de los Habitantes reclamó a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) una supuesta falta de respaldo técnico que demuestre la efectividad de la política de "uso justo" de Internet móvil pospago, que disminuye la velocidad de acceso contratada por los usuarios al cumplir una cuota mensual de tráfico de datos.

La Defensoría afirma que Sutel aprobó la aplicación de esta medida en el 2014 sin ninguna valoración pública de sus alcances y fundamentos y que el informe técnico en el cual se basó fue declarado confidencial. Esto, explica la entidad en una nota enviada a la Sutel, es una "situación que debe ser subsanada antes de continuar con su aplicación".

Específicamente, la Defensoría pide al Consejo Directivo de Sutel dejar sin efecto la resolución RCS-063-2014 que "autoriza, de forma temporal, la aplicación de condiciones de uso justo en los contratos de servicios de acceso a Internet móvil".

La medida pretende restringir consumos "abusivos" de ciertos clientes y evitar congestionamiento en las redes móviles.

La petición llega un día antes de que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) empiece a aplicar la medida que sus rivales, Claro Costa Rica y Movistar Costa Rica, utilizan desde el 2014, como una forma para supuestamente descongestionar las plataformas móviles y asegurar un mejor servicio a todos los usuarios.

Ante consultas de La Nación, Manuel Emilio Ruiz, miembro del Consejo Directivo de Sutel, indicó que le suministrarán a la Defensoría los datos para demostrar una serie de medidas que se vienen aplicando para mejorar el servicio de Internet móvil.

En la nota firmada por la defensora Montserrat Solano, se acusa a la Superintendencia de haber sido omisa y no valorar una serie de recomendaciones según las cuales debió ordenarle a los operadores ampliar la capacidad de sus redes, para reducir los niveles de congestión y cumplir las velocidades comercializadas en los contratos.

Así consta en los oficios 08495-SUTEL-DGC-2014 del 1.° de diciembre del 2014, el 03463-SUTEL-DGC-2015 del 22 de mayo del 2015 y el 08512-SUTEL-DGC-2015 del 4 de diciembre del 2015 remitidos al Consejo de Sutel por parte del Área de Calidad de la Superintendencia.

"Esta defensora no puede menos que preguntarse si este fenómeno de saturación es atribuible únicamente al uso abusivo o intensivo de un grupo de usuarios, o si los operadores comercializan el servicio de Internet móvil sin tomar en consideración el diseño y capacidad de sus redes, para luego tener dificultades para cumplir con las velocidades a las que se han comprometido contractualmente", indica Solano.

La funcionaria recordó que el acceso a Internet es un "derecho humano fundamental" reconocido por las Naciones Unidas y, en principio, las limitaciones de acceso a este servicio pueden revestir una afectación en el disfrute de este derecho.

La entidad critica a la Sutel por aprobar una medida "temporal" que está vigente desde el 2014, sin que a la fecha haya pruebas para demostrar su efectividad o cuáles fueron las bases para definir cuándo un umbral o límite de consumo se considera extraordinario o de uso intensivo.

Además, denuncia que las condiciones de congestionamiento al parecer siguen invariables, puesto que el ICE demoró dos años en aplicarle esta medida a sus clientes.

"Más bien, interpreta este órgano defensor que esa política temporal estaría destinada a convertirse en una estrategia permanente", anota Solano en la nota remitida ayer al Consejo Directivo de la Sutel.

Sutel responde.

Según Manuel Emilio Ruiz, la entidad sí revisa el efecto de estas políticas de "uso justo" (que ya aplican Claro y Movistar) y asegura que se han detectado mejoras en la calidad de las velocidades de esas redes. Además, señaló que, si bien no tiene fecha aún para interrumpir su aplicación, esa política es una entre varias acciones tendientes a mejorar las condiciones del uso de la red móvil.

El funcionario sí reconoció que todos los operadores aún enfrentan dificultades para expandir sus redes, por trabas en algunas zonas del país en la obtención de permisos municipales para instalar infraestructura.

Ruiz sostuvo que se acerca una subasta de más espectro radioeléctrico, para que los operadores mejoren la calidad del servicio.

"Es mi deber recordar a la opinión pública que la aplicación de este tipo de políticas solo afecta a una fracción de los usuarios, en beneficio de una gran mayoría. La Internet móvil es un servicio muy útil, accesible a todos los usuarios, pero puede degradarse por el uso excesivo de unos pocos. De ahí la necesidad restringir velocidades a unos pocos", expresó.