Ancho de vía, vida útil del asfalto y taludes deberán ser reintervenidos

Por: Vanessa Loaiza N. 11 abril, 2013
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Los costosos arreglos que se realizan en un tramo de 11 kilómetros de la autopista Bernardo Soto aún no terminan, pero ya se sabe que deberán ser corregidos por la empresa que arrancará próximamente la ampliación de la carrera San José-San Ramón.

El Estado pagó ¢5.800 millones por las mejoras en el trayecto entre el aeropuerto Juan Santamaría y el cruce de Manolo’s, en La Garita de Alajuela. Sin embargo, estas no se adaptan a los estándares de la concesión adjudicada a la firma brasileña OAS.

Según precisó Pedro Castro, ministro de Obras Públicas y Transportes, será necesario ampliar la estructura de la calzada de ese tramo para que cumpla con las dimensiones establecidas en el contrato con OAS.

Ese contrato exige carriles de 3,5 metros de ancho y un espaldón de 1,5 m a cada lado.

José Luis Salas, director del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), aclaró que a la calzada actual le falta un metro para completar el tamaño requerido de los espaldones.

Además, el diseño del pavimento colocado hoy tiene una vida útil de cinco años y la concesión exige un mínimo de 15 años, explicó Castro. Eso obligaría a OAS a poner una sobrecapa de asfalto, para ampliar su duración.

Por último, la concesionaria también tendrá que intervenir los taludes, especialmente en el sector de El Coyol, porque son muy altos con respecto a la calle marginal que corre paralela y se deben hacer muros de retención.

Las obras que se realizan ahora en el tramo aeropuerto-Manolo’s están dentro del contrato de conservación vial adjudicado por el Conavi a la empresa H. Solís.

Datos divulgados en febrero pasado por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica ( Lanamme Lanamme) demostraron que ese tramo de 11 kilómetros consumió el 82% del presupuesto (¢7.100 millones), para atender 200 kilómetros de vías.

No se hablaron. Ahora Pedro Castro reconoce que no hubo comunicación entre el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), encargado de la concesión San José-San Ramón y el Conavi, que es responsable del mantenimiento vial.

Lo idóneo, acepta Castro, es que el contrato de mantenimiento para ese trayecto hubiese exigido los mismos estándares de la concesión por $524 millones adjudicada a OAS.

José Luis Salas, del Conavi, alega que los diseños usados en la intervención del tramo se aprobaron en el 2010, cuando no había visos de que se adjudicara la concesión de la vía San José-San Ramón.

Ni Salas ni Castro eran jerarcas de infraestructura, cuando se adjudicó el proyecto a H. Solís.

El representante del Conavi sostuvo que esta experiencia les sirvió de lección para no cometer el mismo error en otras vías.

Por ejemplo, recientemente le consultaron a Concesiones si la Florencio del Castillo (a Cartago) iba a ser adjudicada, antes de aprobar la sustitución de algunas losas de concreto en Ochomogo.

Castro explicó que no se puede sancionar a nadie porque el contrato de conservación sí fijó condiciones y son las que se ven en la vía. Aun así, dijo que revisará si hay obras que no puedan usarse, cuando arranque la ampliación.