Medida es por aparene uso indebido a vehículo del Ayuntamiento

Por: Irene Vizcaíno 21 mayo, 2015

Una suspensión por ocho días fue la sanción que impuso la Contraloría General de la República (CGR) al alcalde de Limón, Néstor Mattis, por el aparente uso irregular de un vehículo del ayuntamiento.

La medida la comunicó el propio Mattis en su cuenta de Facebook, en la cual explicó que fue notificado y adelanta que apelará la sanción, sin descartar llevar el caso ante el Tribunal Contencioso Administrativo. La notificación se realizó el 18 de mayo.

Según la versión de Mattis, el castigo se le dictó por haber permitido el uso de un vehículo municipal para el traslado de una funcionaria a su tratamiento de quimioterapia. El hecho ocurrió cuando apenas iniciaba la gestión.

El alcalde de Limón Néstor Mattis y las autoridades del Ministerio de Salud inspeccionaron el mercado de Limón
El alcalde de Limón Néstor Mattis y las autoridades del Ministerio de Salud inspeccionaron el mercado de Limón

"Entendiendo la gravedad de la enfermedad y el aspecto humanitario, se le presta un carro municipal del departamento de estacionometro que reunía las condiciones idóneas como por ejemplo sirenas y luces. Esto porque la Cruz Roja de Limón no brindaba este tipo de traslado como me indicaron", dice el alcalde.

El caso fue denunciado en 2012 por el entonces diputado limonense Wálter Céspedes.

Fue entonces cuando al Contraloría inició una investigación porque, aparentemente, el vehículo facilitado no podía ser utilizado para esos fines. Mattis alega que el desconocía esa prohibición. Además de Mattis, había tres funcionarios más bajo investigación.

Se consultó a la Contraloría General de la República sobre el caso, sin embargo, informaron de que no se pueden refererir porque el acto final no está firme.

También se hicieron llamadas al teléfono del alcalde, pero no fue posible contactarlo.

El ente contralor tenía bajo su conocimiento 218 investigaciones por supuestas irregularidades en el uso de fondos o bienes públicos que involucraban a 544 funcionarios, entre ellos alcaldes, las cuales estaban congeladas a la espera de un fallo de la Sala Constitucional.

El tribunal constitucional emitió el fallo el 8 de mayo y en él confirmó la potestad sancionatoria del ente contralor. A partir de ese momento, la Contraloría quedó habilitado para comenzar a dictar resoluciones de los casos pendientes.