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La Contraloría recomendó a la Corte asegurarse de que, al inicio de cualquier contrato, se verifique si existen incompatibilidades, algo que no se hizo en el caso de Indra, según dijo Reynaldo Rivera, de la CGR. Alonso Tenorio
La Contraloría General de la República (CGR) no encontró impedimento legal para la participación del esposo de la magistrada, Ana Virginia Calzada, en una consultoría en el Poder Judicial.
Así lo informó ayer a la Corte Plena, Reynaldo Rivera, funcionario de la CGR que coordinó una investigación sobre los aspectos de legalidad y de ejecución de los términos contractuales del contrato con la firma Indra Sistemas S. A.
Durante la comparecencia, Rivera no ahondó en los razonamientos jurídicos por los cuales la Contraloría llegó a esa conclusión.
El caso se refiere a la presencia de Jorge Obando –esposo de la magistrada presidenta de la Sala IV– como director de un proyecto por $1,8 millones que la institución judicial contrató con Indra.
Luis Paulino Mora, presidente de la Corte, se mostró complacido con el informe preliminar. “Es un buen informe. Deja ver que las faltas que hemos cometido son de tipo administrativo, la contratación ha sido bien ejecutada y no hemos sufrido influencias indebidas en la ejecución del programa”. Ana Virginia Calzada no pudo ser consultada ayer, pues estuvo ausente de la sesión de Corte Plena.
El ente contralor, sin embargo, halló varios problemas en la ejecución del contrato con Indra. Entre ellos, la CGR reveló que la Comisión encargada de velar por el plan, le otorgó una prórroga a Indra para cumplir con el contrato –por sus atrasos– sin el aval del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financia el proyecto.
“Después de acordada la continuidad del proyecto, la ejecución del mismo no ha mejorado”, manifestó Rivera a los magistrados.
Por esta razón, la Contraloría recomendó de forma preventiva a la Corte que se valore “la conveniencia institucional de continuar con el contrato”, dijo a
El órgano contralor constató una “deficiencia de planificación” de parte de la empresa y la “inadecuada asignación de recursos”, pues ofreció dos ingenieros industriales que en realidad eran profesionales en Artes y Optometría.
También indicó que la Corte Plena no fue informada de los detalles del contrato con Indra o de la prórroga que se le concedió a la empresa sin cobrarle multas por sus atrasos. “La Corte Plena no ha tenido información pertinente que le haya permitido tomar decisiones prontas y eficaces”, dijo Rivera.
La CGR dispuso que se valore la pertinencia de cobrarle a Indra las multas señaladas en la cláusula penal del contrato.
Al final, el magistrado Carlos Chinchilla pidió que se rescinda el contrato. “Nos engañaron. No hay productos buenos (...) ya esto no tiene ningún norte”, manifestó.
