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Las personas que están cerca de jubilarse acuden a la Gerencia de Pensiones, ubicada en San José, a iniciar los trámites respectivos. | ARCHIVO (Mario Rojas)
La advertencia de la Contraloría General de la República es directa: “debilidades” detectadas en los registros contables de la reserva que financia las pensiones por Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) abren la posibilidad de que “no se esté reflejando en forma adecuada la situación económica-financiera del régimen”.
Así lo señala un informe de fiscalización que divulgó ayer el ente contralor, en el cual hace un análisis de la administración que ejerce la Gerencia de Pensiones del dinero de más de un millón de cotizantes con el que se pagan jubilaciones de 180.000 beneficiarios.
Según el documento, las fallas van desde errores contables en créditos hipotecarios y cuentas por cobrar, hasta “riesgos operacionales” en las inversiones.
En solo cuentas por cobrar, la Contraloría indica que al final del 2010 había ¢138.726 millones en ese rubro, de los cuales ¢33.766 millones estaban como ‘incobrables’.
José Luis Martínez, gerente interino de Pensiones –división que pertenece a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)–, dio validez a todo lo que señala la Contraloría, pero indicó que trabajan en varios cambios para mejorar los registros financiero-contables.
Uno de ellos, explicó, es la modificación al Sistema de Créditos (Sicre) que, de acuerdo con la Contraloría, refleja saldos inferiores a los datos reales.
Pero las mejoras a las que hizo mención Martínez fueron refutadas por Édgar Robles, superintendente de Pensiones, quien las califica de “maquillaje”.
Sin estudio. El informe acentuó las diferencias de criterio sobre la sostenibilidad del IVM.
Según la Caja, la reserva para pensiones comenzará a disminuir en el 2028 y se agotaría en el 2040, siempre y cuando no se tomen decisiones al respecto.
Pero la Supen insistió en que sus estudios actuariales indican que la reserva “flaqueará” en el 2015 y se acabará en el 2025.
Desde el 2011, la Caja y la Supen habían acordado hacer un estudio actuarial en conjunto para determinar el estado del IVM, pero a la fecha no se ha realizado.
El superintendente Robles dijo que desde el año pasado su despacho tiene presupuestada la mitad del costo del estudio actuarial (unos ¢40 millones), mientras la Caja no tenía el dinero. Martínez, de Pensiones, dijo que espera que este año se concrete ese análisis.
La Gerencia de Pensiones fue intervenida en diciembre del 2010 por fallas en la gestión.
