La CCSS tiene cinco días para aclararle a la Contraloría General de la República (CGR) una serie de contradicciones y cuestionamientos sobre un contrato de alquiler de bodegas que adjudicó al Almacén General de Depósito JL S. A.
Esa empresa es propiedad de Juan León García, a quien la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) demandó, junto con otra de sus compañías, Algefissa, por supuesta retención indebida de medicamentos en el año 2005.
Este último caso tendrá, precisamente hoy a las 10 a. m., la lectura de la sentencia.
En cuanto al nuevo contrato con el Almacén General de Depósito JL, la Contraloría critica que “la Dirección Jurídica de la entidad no ha sido concluyente si en el caso existe un grupo de interés económico”.
Lo anterior se refiere a que mientras la Dirección Jurídica dijo a la junta directiva de la Caja que entre el empresario Juan León García, Algefissa y Almacén JL no existía un grupo de interés económico, en los tribunales los abogados de la Caja sostienen que sí hay interés económico entre esas empresas y su propietario.
Otros puntos que deberá aclarar la Caja son varios cambios de cláusulas entre lo que se pedía en el cartel de bodegaje y lo que finalmente se acordó con el Almacén JL.
Por ejemplo, el cartel decía que el adjudicatario debía proveer a la Caja de 10 carretillas hidráulicas para movilizar las tarimas con medicinas, pero en el contrato final la Contraloría encontró que solo se incluyeron seis de esos equipos.
“Es necesario que se explique si la variación a esta cláusula afecta el avalúo inicial” del contrato, señala la Contraloría a la CCSS.
Otra petición es que la Caja certifique que tiene el presupuesto para alquilar el complejo de bodegas, por el cual deberá pagar ¢3.488 millones en cuatro años.
El ente contralor advierte que no dará el refrendo del contrato sin la información requerida.
En su notificación de ayer –de la cual
“¿Cuáles serían las implicaciones para la adjudicación de esta (nueva) contratación si se hubiese considerado que existía un grupo económico en este caso?, se pregunta la Contraloría en el documento enviado a la CCSS.
El 14 de abril pasado, tras las sesión de junta directiva, la presidenta ejecutiva de la Caja, Ileana Balmaceda, aseguró a este diario que el tema del bodegaje se analizó ese día pero que el contrato seguiría su trámite.