Procuraduría de la Ética descartó que dos exjerarcas cometieran delitos

Por: Irela Fornaguera 25 abril, 2015

La Contraloría General de la República (CGR) investiga posibles anomalías en el fideicomiso ICE-Range/BCR del 2012, con el que se pretende la construcción de una red para acceso de banda ancha que integre soluciones ópticas y mixtas.

La CGR no revela quienes son los funcionarios investigados. | ARCHIVO
La CGR no revela quienes son los funcionarios investigados. | ARCHIVO

El procedimiento administrativo (expediente DJ-07-2015) está en manos de la División Jurídica del ente contralor desde el martes 10 de marzo. Los investigados son dos funcionarios y otro que ya no labora para el Estado, aunque sus identidades no fueron dadas a conocer.

Con este proceso, la CGR pretende “determinar la verdad real de los hechos y valorar eventuales responsabilidades administrativas en la supuesta ejecución del contrato de fideicomiso ICE-RANGE/BCR” (en el desarrollo de su primera etapa). Como el expediente no es público, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no se referirá al tema.

Mediante esta iniciativa, el Instituto pretende ofrecer unas 100.000 soluciones con anchos de banda superiores a los 10 megabits (Mbps).

Largo camino. El contrato de fideicomiso para la primera etapa del proyecto Range fue firmado el 10 de abril del 2012 entre el ICE y el Banco de Costa Rica (BCR), sin contar con el refrendo de la CGR.

Esto, debido a que la División Jurídica del ICE exteriorizó que ese visto bueno no era necesario. Empero, el 22 de junio de ese año, la División Administrativa de la CGR indicó que el aval sí era obligatorio. Pese a la alerta, el ICE siguió el proceso para contratar a la empresa responsable de la obra y hasta hizo la adjudicación.

Todo eso debió ser saneado. Luego, en diciembre del 2012, el ICE publicó el cartel de licitación y 10 meses después, en octubre del 2013, envió el contrato a refrendo a la CGR. Finalmente, obtuvo el aval el 26 de febrero del 2014.

Adolfo Arias, director de Infraestructura de Telecomunicaciones del ICE, explicó que ya con esa autorización, volvieron a abrir concurso y fue cuando resultó adjudicada la firma china Huawei.

Aclarados los problemas anteriores, ese nuevo contrato empezó a ejecutarse este 2 de marzo.

Eso no evitó que, pocos días después, la misma Contraloría abriera una investigación para determinar las posibles anomalías en la primera adjudicación.

Uno de los involucrados en ese primer proceso fue Carlos Obregón, actual presidente del ICE.

“A finales del 2012, el BCR me solicitó que lo representara como miembro del Comité de Vigilancia del Proyecto Range, dada mi experiencia en el desarrollo de fideicomisos”, admitió ayer Obregón, quien en aquel entonces no trabajaba para el ICE.

Otra vía. Esta controversia también llegó a manos de la Procuraduría de la Ética Pública.

La denuncia ante esa instancia fue presentada por el actual diputado y exsindicalista del ICE, Jorge Arguedas, en contra de varios funcionarios y exfuncionarios del Instituto, entre ellos Alejandro Soto, exgerente general, y Claudio Bermúdez, exgerente de Telecomunicaciones.

Tras realizar una investigación preliminar, la Procuraduría concluyó que la interposición de una denuncia penal era improcedente, por lo que este lunes 20 de abril ordenó desestimar el caso.

Arguedas lamentó la resolución, así como el hecho de que “los posibles castigos” ahora solo dependan de la Contraloría.

“Me deja un sinsabor que los delitos de cuello blanco se desestimen tan fácil”, expresó.