EscucharEl déficit actuarial de ¢4 billones que arrastra el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial –advertido a mitad del 2012– hizo que ayer la Contraloría General de la República (CGR) dictara un plazo de cuatro meses para que los 22 magistrados de la Corte Plena presenten un proyecto de ley que revierta la situación.
La finalidad es que se varíe la Ley Orgánica del Poder Judicial, que contiene los parámetros para el cálculo de sus pensiones.
Con eso se evitarían, por ejemplo, casos como el de un exjuez de Casación, quien en dos años subió su pensión de ¢2,3 millones a ¢6,1 millones tras haber laborado como magistrado suplente por un lapso de solo siete meses.
Asimismo, el Consejo Superior, encargado de ver los temas administrativos en el Poder Judicial, tiene un mes para informar sobre otras acciones para atender el problema financiero de la reserva.
El ente contralor comprobó, con base en actas de sesión de la Corte Plena, que pese a que ésta recibió en julio un estudio actuarial que alertaba de la crítica situación del régimen, el tema prácticamente no había sido abordado al momento de presentado el informe a los magistrados, a mediados de diciembre.
El punto de partida para la llamada de atención es el estudio que hizo a la firma argentina Melinsky, Pellegrinelli y Asoc.
El análisis determinó no solo que hay déficit actuarial –que es la estimación de los ingresos y egresos que tendrá el Fondo en 100 años, pero trayendo los valores al presente–, sino también algo más sencillo: las contribuciones no están alcanzado para pagar las pensiones que hoy reciben los jubilados del Poder Judicial y, a eso del 2026, no se acabaría la reserva.
Incluso, los consultores hallaron que solo para el año pasado el Fondo ya tenía un déficit real de ¢7.500 millones, y de no haber cambios, al 2040 el hueco financiero sería de ¢186.000 millones.
¿Qué hay? La firma argentina recomendó aumentar la cotización de los trabajadores y eliminar privilegios actuales.
Alfredo Jones, director ejecutivo del Poder Judicial, dijo ayer que este lunes la Corte Plena ya conoció un proyecto de ley “consensuado” con los sindicatos judiciales.
Señaló que entre las variantes está que las pensiones pasen a calcularse tomando en cuenta los 180 salarios, así como el establecimiento de otros requisitos, como una edad mínima para jubilarse.
Además –dijo el jerarca–, este lunes la Corte Plena también aprobó un incremento del 4% en los aportes del trabajador y el patronal.
El aumento se hará con un 0,5% por los próximos cuatro semestre.
Para Édgar Robles, superintendente de Pensiones, ese incremento es “una medida mínima” que no varía la realidad del Fondo.
Según Melinsky, Pellegrinelli y Asoc –que fue contratado por la misma Corte– la situación es tan grave que pese a que de manera tripartita se hacen aportes del 21% sobre el salario del trabajador, para mantener las pensiones a como dan hoy, debería ser de un 96%.
