25 octubre, 2014

Luego de 24 años de haber ingresado al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), los generadores energéticos privados alcanzaron el tope de participación permitida y exigen que se les apruebe más.

La cuota se agotó tanto para los proyectos privados que pertenecen exclusivamente a ellos (de tipo BO – Build Operate ) como para los de tipo BOT – Build Operate Transfer – que, tras operar por un máximo de 20 años, son transferidos al ICE sin costo adicional.

En ambos formatos se completó el 15% de la capacidad instalada del país, el máximo establecido por la Ley N.° 7.200, de 1990. Son 28 generadores los que operan actualmente y ya se pactaron contratos para cinco más.

Topar con el 15% no fue fácil.

La Ley N.° 7.200 se promulgó en 1990 y, con ello, se abrió el porcentaje actual para compañías y cooperativas de electrificación rural.

Las transacciones se complicaron desde 1996, a raíz de una serie de cuestionamientos sobre la metodología de definición tarifaria que se había aprobado y de concesiones de fuerza hidráulica.

En el 2002, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) hizo una fijación tarifaria, que producto de la revisión de la metodología se mantuvo estable por una década. Hace dos años, tras descartar anomalías, actualizó los precios y creó las bandas.

Una diferencia de interpretaciones de la ley de la Aresep hizo que las concesiones de fuerza hidráulica, que otorga el Ejecutivo, quedaran completamente entrabadas desde 1996 hasta el 2009.

“Esos dos problemas, más lo complicado de la tramitomanía y la falta de voluntad, trabaron la firma de nuevos contratos hasta el 2012. Por eso es que no podíamos llenar el 15% permitido”, dijo Mario Alvarado, director de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope).

Agregó que los topes para los no estatales deben desaparecer, pues son discriminatorios y carecen de justificación técnica. Además, dijo que “está demostrado que en las mismas condiciones, los privados generan más barato y solo con energías renovables”.

Otra restricción que impone la Ley N.° 7.200 es que el ICE solo puede otorgar concesiones a centrales eléctricas de hasta 20.000 kilovatios (KW) de potencia, por un plazo máximo de 15 años.

Inversión. En el 2013, mediante una inversión de ¢59.000 millones, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) compró a 28 privados 1.596 gigavatios hora (GWh). El precio promedio del kilovatio hora (kWh) fue de ¢37.

En el 2012 les compró 1.678 GWh y, pagando el mismo monto por kWh, gastó ¢61.400 millones.

La energía térmica, por su parte, implicó en el 2013 un gasto de ¢120.000 millones. Con la quema de 282 millones de litros de combustibles se generaron 1.196 GWh – el 12% del total de producción – , mientras que en 2012 fue un 9%.

En este 2014, la compra de combustibles para térmica representa un 21% de los gastos de generación del ICE, el 18% corresponde a los pagos por energía privada.