El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) deberá iniciar, en un plazo máximo de seis meses, estudios técnicos para determinar la viabilidad de un proyecto de acueducto para tres comunidades indígenas en Limón.
Así lo determinó la Sala Constitucional en el voto 10712-12, el cual declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por José Francisco Morales Fernández y Daniel Zúñiga Fernández a favor de 450 indígenas cabécares que carecen de agua potable.
Las personas afectadas viven en las comunidades de San Vicente, Sibujuy y San Miguel de Talamanca, Limón.
El fallo, dado a conocer ayer por la Sala IV, ordena al subgerente general de AyA, Eduardo Lezama, tomar medidas inmediatas para iniciar “los respectivos estudios técnicos, a fin de determinar la viabilidad técnica, social y jurídica de desarrollar un proyecto de acueducto en las comunidades”.
Aunque reconocieron la “imposibilidad material” de la institución para suministrar el servicio de agua potable a los amparados en este momento, los magistrados ordenaron acciones prontas para buscar una solución al problema en el mediano plazo.
“Es inadmisible, a la luz del imperativo de conferir tutela progresiva a los derechos económicos, sociales y culturales, que dicha institución rectora en la materia permanezca sin tomar medidas concretas tendientes a incorporar a la comunidad amparada en un proyecto, a mediano plazo, que procure el suministro de agua potable”, razonaron los magistrados.
Se intentó conocer la reacción del AyA ayer en la tarde; no obstante, la oficina de prensa de la entidad indicó que la respuesta se daría el próximo lunes.
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