Por: Juan Fernando Lara, Sofía Chinchilla C. 16 septiembre, 2016
De aprobarse la rebaja, los usuarios de la ruta 50 y sus ramales podrían pasar de pagar ¢335 a ¢255. Esa tarifa entraría a regir en setiembre, según la Aresep. | RAFAEL PACHECO
De aprobarse la rebaja, los usuarios de la ruta 50 y sus ramales podrían pasar de pagar ¢335 a ¢255. Esa tarifa entraría a regir en setiembre, según la Aresep. | RAFAEL PACHECO

San José

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) denunció ser blanco de presiones por parte de la empresa Autotransportes Cesmag, para impedir la realización, este lunes, de una audiencia pública donde se discutirá una rebaja de 23% en pasajes de autobús de la ruta 50 que atiende esa compañía.

El ajuste sería el primero en aplicarse con una nueva fórmula de cálculo tarifario creada por la Aresep, la cual es rechazada por los autobuseros.

De aplicarse el cambio, casi 1,3 millones de usuarios mensuales de los buses que van de San José a comunidades de Montes de Oca, Curridabat y La Unión podrían verse favorecidos con una rebaja de ¢80 por viaje, por lo que el costo pasaría de ¢335 a ¢255.

Sin embargo, el regulador general de los servicios, Roberto Jiménez, afirma que Cesmag procura impedir la audiencia y trabar la aplicación del método acudiendo a presiones de distinto tipo.

Este medio envió consultas a voceros de Cesmag sobre la denuncia del regulador. Hoy al medio día, la empresa comunicó que no emitirá declaraciones.

De acuerdo con el regulador, el consejero del usuario de la Aresep –encargado de dirigir sesiones con vecinos de las comunidades de San Pedro, Sabanilla y Tres Ríos, para informar de la nueva metodología– recibió una llamada telefónica de parte de un abogado, quien se identificó como representante de esa empresa, para, aparentemente, intimidarlo.

La oficina de prensa del ente regulador detalló que, en dicha llamada, se le indicó al funcionario que debía detener los encuentros con las comunidades, ya que de lo contrario sería denunciado "por informar de manera errónea a los usuarios".

"Además, a pocos días de realizarse la audiencia pública donde se tramita esta propuesta, nuestra coordinadora de audiencias públicas fue notificada de una denuncia penal en su contra", dijo el regulador.

Un bufete de abogados llevó copia de la supuesta denuncia penal hasta las oficinas de la Aresep, a manera de aviso sobre las acciones emprendidas. El ente regulador informó de que la funcionaria no ha recibido ninguna notificación oficial del Poder Judicial sobre un proceso en su contra.

Tanto la llamada al consejero del usuario como el documento con la supuesta denuncia habrían provenido de la misma firma legal, confirmó la Aresep.

Otra acción provino de una mujer quien, alegando tener escasos recursos, envió una nota en la que solicita que un perito examine el estudio en el cual se basa la propuesta de disminución de las tarifas, así como la suspensión de la audiencia del próximo lunes.

Jiménez también citó que, el 24 de agosto, la Aresep organizó en su sede una sesión con usuarios de autobús para explicar el modelo de cálculo. A la cita llegaron choferes de autobús de Cesmag con pancartas y consignas donde manifestaban que la rebaja implicaría despidos, aumento del desempleo y hasta disminución de la calidad del servicio.

Jiménez negó que se vayan a producir tales consecuencias con base en el análisis realizado por el Consejo de Transporte Público (CTP).

En agosto, Orlando Ramírez, presidente de la junta directiva de Autotransportes Cesmag, aseguró que con el nuevo modelo tarifario "se vuelve a engañar al usuario" ya que, según él, la Aresep usa información desactualizada sobre la demanda de pasajeros que tiene la ruta 50.

El jerarca de la Aresep recalcó que la audiencia sí se realizará el próximo lunes 19 de setiembre, a partir de las 5:30 p. m. en la escuela Franklin Delano Roosevelt, en Montes de Oca.

"Estos no son los mecanismos legales, técnicos y administrativos y que deben de primar para la defensa de la institucionalidad regulatoria", manifestó Jiménez.

Para el funcionario, son preocupantes ese tipo de acciones que, a su juicio, buscan "despreciar la institucionalidad regulatoria" que Costa Rica ha construido.

Nota del redactor: esta información fue actualizada a las 3.35 p.m.