La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) está en deuda con los abonados de luz en el control de la calidad del servicio.
Pese a que su ley constitutiva lo exige, la entidad ha dejado de lado esa tarea o ha delegado la responsabilidad en las distribuidoras.
Esta es solo una de las críticas hechas por la Contraloría General de la República tras evaluar el modelo de regulación aplicado por la Aresep y que alcanza a 1,5 millones de usuarios del servicio eléctrico.
Para la Contraloría , el órgano regulador carece de una supervisión que le permita verificar que las empresas cumplan las obligaciones legales, técnicas, de calidad y eficiencia del servicio ofrecido.
Tampoco cuenta con un marco normativo para aplicar las sanciones cuando hay incumplimientos del operador y no tiene mecanismos, procesos y plazos definidos para compensar al usuario ante una posible deficiencia de calidad.
Juan Manuel Quesada, intendente de Energía de la Aresep, salió al paso de las críticas y afirmó que el país cuenta con la mayor cobertura de servicio eléctrico en la región y altos estándares de calidad.
Agregó que ya están trabajando en mejoras al modelo de regulación aplicado y defendió que este instrumento continúa vigente y es de aplicación en muchos países.
En un documento enviado a la Contraloría, la Aresep rebatió las principales críticas al informe.
“No es cierto que el ente regulador carece de un sistema de sanciones por incumplimientos de las empresas eléctricas a la calidad del servicio y su respectivo régimen, o mecanismo compensatorio al usuario”, indica el documento.
Por su lado, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) se pronunció sobre el estudio e indicó que coincide con los señalamientos hechos a la Aresep por esa organización.
“El sector empresarial desde hace más de un año ha venido llamando la atención sobre la necesidad de que el ente regulador haga esa revisión. Las metodologías empleadas perjudican a todos los usuarios del servicio eléctrico”, dijo Jaime Molina, presidente de la Uccaep.
Una muestra de ello, agregó, es que las tarifas eléctricas para todos los consumidores han crecido en los últimos 12 meses un 42%.
Molina pidió a la Autoridad Reguladora acatar las recomendaciones hechas por el ente contralor.
Delega. Otro de los señalamientos de la Contraloría es que si bien la ley desde hace 17 años obliga a la Aresep a supervisar y fiscalizar el servicio eléctrico, esa entidad considera que debe ser el operador el responsable de establecer los mecanismos de control de calidad y de aplicar las medidas correctivas.
La Aresep lo solventa solicitándole informes y autoevaluaciones a los propios operadores.
Empero, según la Contraloría, no se le da seguimiento a los informes o no se le piden medidas correctivas a las empresas eléctricas.
“Según un informe reciente de la Intendencia de Energía, los regulados contravienen las normas en temas de calidad del voltaje, interrupciones y continuidad del servicio eléctrico, conforme lo muestran las autoevaluaciones de los regulados”, dice el estudio contralor.
Sin embargo, agrega que algunos operadores manifiestan que no recibieron retroalimentación de la Aresep sobre esos resultados.
A esto se une que no todos los informes de las empresas son analizados o se hace tardíamente.
Por ejemplo, reportes semestrales enviados desde el 2003 con indicadores de calidad fueron evaluados en detalle hasta el año pasado.
“Este órgano contralor determinó que la evaluación de la calidad del servicio eléctrico no es sistemática ni periódica”, sentencia uno de los puntos del informe.
Para la Contraloría, la Intendencia de Energía de la Aresep enfatiza la supervisión mediante esos autoexámenes. Esto no puede sustituir la supervisión directa, pues fomenta el cumplimiento de las normas y que su aplicación quede a criterio de la empresa regulada.
En el capítulo de calidad, la Contraloría también llamó la atención por el rezago de 10 años en la aplicación normas de calidad por parte de las empresas del sector eléctrico.
Mientras, en la Autoridad Reguladora aún está pendiente de aprobar la actualización de la normativa técnica utilizada para asegurar la calidad en todas las etapas del servicio, creada en el 2002 y sometida a audiencia en el año 2007.