EscucharEn escuelas y colegios privados, la selección, venta y adquisición de libros de texto puede variar según el contrato de servicios.
Existen casos en los que ese contrato obliga a los alumnos a alquilar los materiales en la institución, sin darles opción de adquirirlos por fuera, o decidir si desean pagar el monto establecido.
En materia de colegios privados no hay una regulación de precios; es decir, “ellos cobran lo que quieran cobrar”.
“Si en el contrato está la condición de alquilarle los libros a la institución, y el padre lo firmó, entonces lo aceptó así y queda obligado a pagar cualquier monto”, explicó Kattia Chaves, jefa de la Unidad Técnica de la Dirección de Apoyo al Consumidor.
Si el tema del alquiler no está pactado en papel, el consumidor podrá comprar los textos fuera, sin necesidad de alquilarlos, a pesar de que el centro ofrezca la opción.
Chaves informó de que las denuncias por precios de alquiler son muy usuales, así como las quejas por el costo de los libros de texto.
“Cada año, alquilar los libros de Ciencias, Matemáticas e Inglés (de editorial estadounidense) me cuesta casi lo mismo que una mensualidad; unos ¢220.000. Me parece que esos montos son excesivos, pero es obligatorio pagarlos”, exteriorizó Vanessa Matamoros, madre de dos estudiantes de un centro privado.
En caso de que un consumidor considere que hubo algún incumplimiento en el contrato (falta de información o datos poco claros), tiene, a partir del momento en que conoció la falta, un plazo de dos meses para denunciar.
Esa norma se aplica si los afectados tienen problemas tanto en instituciones públicas como privadas.
En todo caso, como no existe norma ni entidad que regule abusos en los precios, el consumidor debe elegir lo que más le convenga.
“Cuando los padres vayan a escoger un centro, deben preguntar por los precios de toda la primaria y la secundaria, para que calculen y tomen una decisión de consumo informada”, recomendó Chaves.
Giselle Cruz, directora de Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación Pública (MEP), dejó el tema en manos de instancias “que regulan cosas como relaciones contractuales”.
Entre tanto, Aaron González, de la Asociación de Centros Educativos Privados (ACEP), manifestó que todavía no daría declaraciones al respecto.
