Estudio del Senara revela explotación excesiva en esa y otras zonas costeras

Por: Irela Fornaguera 29 mayo, 2015

Guanacaste. Se acabó la posibilidad de construir casas, hoteles, restaurantes o comercios en las costas de Santa Cruz, Guanacaste. La sobreexplotación de un acuífero impide el levantamiento de cualquier obra adicional en tres de sus distritos más cotizados por el turismo.

La parálisis del desarrollo en Tamarindo, Cabo Velas y Tempate –hogar de unas 17.000 personas– responde justamente al desarrollo desmedido que sufrieron estos distritos en la última década. El acuífero Huacas-Tamarindo, que los abastece de agua potable, debe ser sometido a una “rehabilitación”.

Ese es el mandato de carácter vinculante que emitió el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara), tras revelar una severa crisis en los niveles de la red de pozos de esa fuente costera. Esa entidad realiza mediciones periódicas ahí, desde el 2002.

La orden obliga al sector a ejecutar medidas dramáticas. María Rosa Angulo, regidora de la Alcaldía de Santa Cruz y jefa de la Comisión Cantonal del Agua, dijo que los cinco miembros del Concejo prohibieron el otorgamiento de avales de construcción desde esta semana.

“Estamos muy alarmados, debemos tomar la decisión de que no se puede dar agua. La zona costera no puede crecer más, no podemos permitir dar más permisos”, declaró Angulo.

La sobreexplotación de los pozos del acuífero cercanos al estero los tiene en grave riesgo de salinización (contaminación con agua de mar), por lo que deberán ser clausurados al menos hasta que recuperen sus niveles. Esto podría llegar a afectar el abasto a hoteles y comercios.

Pero no solo el desarrollo sufre. Muchos de los 17.000 pobladores de la costa de Santa Cruz ya tienen racionamientos diarios, los pozos secos y al ganado sediento.

¿Qué detonó la crisis? El Senara alertó, desde el 2003, sobre los problemas del acuífero Huacas-Tamarindo. Hoy advierte de que podría no ser el único.

Los niveles de la fuente comenzaron a descender significativamente en el 2011, y del 2013 al 2014 cayeron el doble que entre el 2011 y el 2013. En este caso, hubo factores que aceleraron la afectación, como la sequía, la cobertura de aguas de recarga y la “costumbre” de perforar pozos ilegales o modificar su tamaño original para satisfacer más demanda.

Esas irregularidades impiden que las autoridades conozcan el nivel de explotación real en este acuífero (y en los demás). El mes pasado, 37 de sus pozos fueron monitoreados por la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Senara.

La solución tardará. Según Carlos Romero, director de Investigación y Gestión Hídrica del Senara, es muy probable que el desabastecimiento y la sequía se alarguen al menos hasta el 2017.

Yamileth Astorga, presidenta del AyA, urgió detener la perforación de pozos en este acuífero, hoy manejado por más de 10 acueductos rurales. La Asociación Administradora de Acueductos y Alcantarillados de Tamarindo es la que posee los pozos más propensos a salinizarse.

Bajo la manga. Según Romero, la vida, el desarrollo económico y turístico de los distritos costeros colapsarán si no se hace un plan de aprovechamiento de la fuente. Eso implica tomar acciones externas, como construir más acueductos e “importar” agua potable desde otros sitios.

Romero y Astorga coincidieron en que la crisis actual debe obligar a consensos entre sector comunal, turístico y municipal, en pos de la rehabilitación y una administración conjunta y eficiente de esta fuente hídrica.

Entre tanto, las entidades barajan opciones urgentes, como el cierre de pozos ilegales y cercanos a la costa, además de la excavación de otros temporales, más continentales pero en el mismo acuífero. Otra opción es que el Ministerio recorte los caudales cedidos para las construcciones.

Esta no sería la primera vez que la construcción se frena por la escasez del líquido en las costas guanacastecas. Según Priscilla Solano, jerarca de la Cámara de Turismo de la provincia, eso los golpea desde el 2000, paraliza su desarrollo e impacta el índice de desempleo (es del 17%).

Un proyecto de condominios en playa Hermosa, Carrillo, quedó a medio construir hace cinco años por la falta de disponibilidad de agua. Hoy, mientras sus compradores están desesperados por recuperar su inversión, los desarrolladores afrontan un juicio por el incumplimiento y confían en que el AyA aporte $1,5 millones para construir un nuevo acueducto.

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