Según Gobierno, las condiciones de la rescisión se definirán posteriormente

Por: Vanessa Loaiza N. 25 abril, 2013

El Gobierno anunció el finiquito del contrato de concesión de la carretera a San Ramón con solo un acuerdo de palabra, pues no existe un documento escrito que detalle las condiciones.

Esta información la confirmó, ayer, Edwin Rodríguez, viceministro de Concesiones, cuando se le solicitó copia del escrito de “mutuo acuerdo” con el que empezaría el fin de la relación entre el Estado y la firma constructora brasileña OAS.

“Ese documento todavía no está. Tiene que seguirse todo un procedimiento, todo un debido proceso regulado tanto por el contrato, como por la legislación”, informó Rodríguez.

Según explicó el funcionario, lo único que existe es el acuerdo verbal que se dio entre la presidenta, Laura Chinchilla, y el vicepresidente de OAS, César Uzeda, la semana anterior.

La mandataria salió en cadena nacional, el lunes, anunciando el fin de la concesión que cobraba $524 millones por la carretera, luego de la fuerte presión de ciudadanos, oposición y diputados liberacionistas que objetaban los costos.

Ayer, el viceministro Rodríguez no pudo precisar cuáles serán los alcances de ese pacto, salvo que OAS no le cobrará al país el “lucro cesante” que corresponde por no cobrar los peajes de la carretera durante 30 años.

Tampoco está calculado a cuánto ascienden los gastos administrativos, legales y de cualquier otra índole que sí le cobrará OAS al país; entre ellos, el dinero que le pagó a la sociedad Autopistas del Valle por dejarse la concesión.

Este miércoles se intentó conocer una reacción de OAS ante las declaraciones de Edwin Rodríguez, pero esta fue la respuesta:

“Por recomendación legal, la firma OAS no se referirá a este tema hasta tanto no haya una resolución al respecto”.

El viceministro dijo que el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) le ordenó el martes a su equipo legal hacer un informe donde se detallen los pasos por seguir a partir del anuncio de la mandataria.

Según alegó, cualquier procedimiento es nuevo, porque el país nunca había afrontado un finiquito por mutuo acuerdo de una concesión. Ese informe estaría listo a finales de la próxima semana.

El CNC también debe empezar a buscar financiamiento para pagar un contrato con un auditor externo, para que revise los cobros que presente OAS.

Rodríguez sostiene que puede recurrir a fondos ordinarios que estaban destinados a otros proyectos; sin embargo, no precisó cuáles.

Ayer, el abogado Álvaro Sagot, uno de los integrantes del Foro de Occidente (opuesto a la concesión), dijo que no le sorprendía que no existiera un documento escrito sobre el mutuo acuerdo para rescindir el contrato.

Insistió en que el Gobierno no tiene que pagarle ningún extremo a la concesionaria, pues el contrato tiene vicios de nulidad que se podrían resolver en un tribunal contencioso.