EscucharLos 400 funcionarios del Ministerio de Educación Pública (MEP) que más se incapacitaron en los últimos seis años, gozaron de 873.521 días de licencia por enfermedad y a ellos la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) debió pagarles subsidios por un total de ¢9.459 millones.
A esos mismos empleados, entre los que hay educadores y administrativos y que representan apenas el 0,5% de los 72.610 trabajadores del Ministerio, se les extendieron 20.010 boletas de incapacidad, para un costo promedio de ¢472.731 cada una.
Aunque el estudio comprende lo sucedido entre el 2006 y el 2012, al 31 de mayo de este año 324 funcionarios seguían incapacitados.
Los datos forman parte de un estudio que elaboró recientemente la Comisión Central Evaluadora de Incapacidades de la Caja, al cual tuvo acceso La Nación .
La información está totalmente consolidada, pues se revisó caso por caso, explicó el coordinador de la Comisión, el médico Rodrigo Bartels, funcionario de la Gerencia Médica.
Según los análisis, el 40% de esos colaboradores se incapacitó por “trastornos del humor”, entre ellos depresión, ansiedad o trastornos afectivos, señala la documentación.
“Lo que cuesta creer es que tanta gente tenga enfermedad psiquiátrica”, dijo Róger Fernández, médico que hizo el análisis.
Él y Bartels cuestionan esas incapacidades, comenzando por su duración, ya que, inicialmente, no están permitidas por el Reglamento para el otorgamiento de incapacidades a los beneficiarios del Seguro de Salud , emitido por la CCSS.
Esa normativa establece que luego de un año de licencia se debe estudiar si el asegurado requiere, más bien, una pensión por invalidez.
Bartels sostiene que debido a que por ese tipo de jubilación se recibe un ingreso menor que estando con una licencia por enfermedad, pocos optan por concretarla y la Caja tampoco puede obligarlos, al menos, a que se analice su condición.
Más costoso. Los ¢9.459 millones que pagó la Caja a los 400 empleados del MEP representan solo el 60% del salario –subsidio– por la incapacidad.
Eso significa que el Ministerio tuvo que desembolsar el restante 40% del salario en los seis años del estudio, es decir, ¢3.783 millones.
El pago total por esas licencias fue de ¢13.242 millones.
A esa cifra no se le está sumando el costo para el MEP de haber sustituido al personal, pero en términos generales se duplicaría el monto –más de ¢26.000 millones–, según reconoció Juan Antonio Gómez, director de Recursos Humanos.
Según dijo el funcionario del Ministerio, desde hace tres años hay una “tendencia a la baja” en la cantidad de incapacidades.
Datos de su oficina indican que en 2010 se contabilizaron, para toda la planilla, 98.047 licencias. En el 2011 esa cifra fue de 82.407, y en el 2012, de 74.819.
Además, apuntó a que las incapacidades no las otorga el MEP, sino los médicos de la Caja.
Bartels, de la comisión que indaga sobre el tema en la CCSS, dijo que a lo interno se pedirán cuentas sobre esos 400 funcionarios, pero que también se debe analizar lo sucedido en el seno del Ministerio.
En detalle. La CCSS basó su estudio del 2006 al 2012 porque a partir de aquel primero comenzó a funcionar el Registro y Control de Pago de Incapacidades (RCPI).
Los datos previos no están disponibles, al menos no de manera electrónica.
En promedio, cada funcionario de ese “top 400” gozó de 2.183 días de licencia, lo que es lo mismo que 5,9 años; es decir, prácticamente estuvieron fuera de las aulas y oficinas durante todo el periodo que comprende el análisis.
Sin embargo, la Caja sabe de casos excepcionales, como el de tres educadoras que están incapacitadas desde 1986 –hace 28 años– y se hallan bajo investigación.
El director de Recursos Humanos del Ministerio añadió que no conocía esa información.
Pero hay otros casos similares, como el de abril pasado en que la Caja suspendió una licencia por enfermedad que durante 11 años tuvo una maestra por tener una aparente disfonía (un trastorno de la voz).
Otra de las situaciones que “llamó la atención” de la Caja es que la clínica Marcial Rodríguez, en Alajuela, fue el centro que otorgó más licencias de las 400, con 50.
De acuerdo con el coordinador de la Comisión Central Evaluadora de Incapacidades, desde este lunes difundirían a todos los hospitales y clínicas de la institución un formulario para conocer más sobre esas 400 incapacidades.
Su entrega será obligatoria y los centros y sus médicos deberán justificar cada una de esas licencias.
El plazo máximo para que se entregue esa información sería de dos semanas.
