Más de un centenar de solicitudes para ampliar o modificar las frecuencias de radiocomunicación hacen fila, en algunos casos desde hace más de un año, en el Minaet.
En tanto, ese Ministerio alegó que el problema es que depende de que la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) le brinde un informe para resolver las solicitudes de las empresas.
Según la nueva Ley de Telecomunicaciones, este trámite no debería tardar más de 22 días.
Entre las 125 gestiones afectadas, figuran firmas de seguridad, transporte privado, televisión, servicios de emergencias, aviación y radioaficionados.
De acuerdo con la nueva legislación, aunque al Minaet le corresponde otorgar los permisos y adecuaciones del espectro radioeléctrico, para ello debe contar con un informe técnico de la Sutel.
George Miley, presidente del Consejo de Sutel, argumentó que solamente cuenta con un ingeniero para atender estos trámites y todos los demás requerimientos de la nueva entidad.
Antes, tal trámite lo hacía la Oficina de Control de Radio.
Hannia Vega, viceministra de Telecomunicaciones, explicó que la mayoría de esas empresas ya están trabajando, pero necesitan ampliar plazos, equipos o cambiar las frecuencias asignadas.
“Al no tener el informe de Sutel, estamos paralizando las inversiones de estas empresas”, dijo Vega.
También, como es el caso de las empresas de aviación, requieren inscribir nuevas aeronaves con frecuencias de radio.
“El punto es que para poder sincronizar y distribuir el espectro, tenemos que saber quién está utilizando qué”, resaltó la Viceministra de Telecomunicaciones.
Rodolfo Angulo Esquivel, representante de la compañía, aseguró que tienen asignada una frecuencia en la banda de metro y cuarto, pero como es tan difícil conseguir equipos apropiados, solicitaron otra en la banda de dos metros.
“El problema es que la Sutel nos pide tener localización por GPS, altura de las antenas y una serie de requisitos técnicos que no podemos cumplir”, afirmó.
Precisamente, otro de los argumentos que da Sutel, es que parte de la lista de espera obedece a que las empresas no aportan la información requerida para que esa entidad pueda elaborar el informe.