El sector productivo a través de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP) se pronunciaron sobre el criterio de la Procuradoría General de la República, quien considera "inconstitucional" el levantamiento del veto a la ley que reforma el Código Procesal Laboral.
Ana Lorena Brenes, procuradora general aseguró que la decisión del presidente, Luis Guillermo Solís habría violado la Constitución Política y entregó ayer un informe a la Sala IV, entidad que estudia una acción de inconstitucionalidad presentada por diputados opositores.
Por un lado, la Uccaep respalda criterio para declarar inconstitucional levantamiento del veto, mientras la ANEP mantiene su posición en contra del criterio de Brenes.
"El sector productivo hace una respetuosa invitación a las autoridades para que acojan el criterio de la Procuraduría, con el propósito de resguardar la vida, la salud y la seguridad de los costarricenses, así como la necesaria seguridad jurídica para incentivar la generación de empleos en el país", dijo José Alvaro Jenkins, vicepresidente de Uccaep en un comunicado de prensa.
Jenkins manifestó estar en desacuerdo pues a su criterio se dio un estímulo a los sindicatos para convocar a huelgas en servicios esenciales.
Por su parte, la ANEP se pronunció en un comunicado de prensa y solicitó la renuncia de la procuradora Brenes, al mencionar que parte de una "novela política".
"Este ataque de la señora Brenes Esquivel en contra de la Reforma Procesal Laboral (RPL) sobreviene, de manera coincidente, en momentos cercanos a la 'novela política' de los últimos días en la cual ella fungió como la 'principal actriz de reparto', a propósito del presunto ofrecimiento de un cargo diplomático por parte del hoy 'renunciado' don Daniel Soley Soler, ahora exviceministro de la Presidencia. Él lo negó categóricamente y ella no lo pudo probar contundentemente", cita el boletín.
Esta ley pretende agilizar juicios laborales y fijar medidas cautelares a favor de trabajadores que denuncien discriminación o abusos. Además, amplía el derecho de huelga en servicios públicos esenciales e incrementa la posibilidad de que se sindicalicen trabajadores privados.