Magistrados también instaron a presidente y ministro de Trabajo a crear reglamento que dicte los pasos a seguir para atender los reclamos

Por: Patricia Recio 23 septiembre, 2014

La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo presentado por la Defensoría de los Habitantes en beneficio de 11.792 afectados indirectos por el uso del plaguicida nemagón.

Los magistrados ordenaron a la Unidad Ejecutora Técnica para la atención de extrabajadores bananeros afectados por ese químico, a resolver las solicitudes de estas personas, ya sean cónyuges, hijos o compañeros de extrabajadores que siguen a la espera de respuesta.

"Para la Defensoría de los Habitantes resulta inadmisible, entre otras cosas, que 13 años después de dictada la Ley de determinación de beneficios sociales y económicos para la población afectada por el "DBCP" (conocido como nemagón), aún no existe el reglamento correspondiente que desarrolle un procedimiento a seguir para atender los reclamos planteados por los afectados" indicó el órgano defensor en un comunicado.

Según reclama la defensoría, ante la falta de un reglamento, no se han gestionado las solicitudes presentadas por los afectados indirectos pese a que la norma obliga al Estado a indemnizar a quienes comprobaran haber sufrido un daño físico y/o moral objetivo, como consecuencia del empleo de dicho producto en las plantaciones bananeras.

Entre los problemas que han sufrido los antiguos trabajadores de la bananera están el cáncer, enfermedades de la piel y sobre todo problemas de fertilidad.

La nueva defensora, Montserrat Solano, aseguró que "tener a casi 12.000 personas sumidas en un estado de incerteza e inseguridad jurídica, no sólo representa un abierto desacato al mandato impuesto por la normativa, sino un menoscabo a los derechos fundamentales de los afectados indirectos, en particular, el derecho a una reparación por la vulneración sufrida".

La resolución de la Sala Constitucional ordena al presidente de la República, Luis Guillermo Solís y al ministro de Trabajo, Víctor Morales, a que en el plazo de dos meses, a partir de la notificación, se dicte y publique dicho reglamento.

En la oficina de prensa del Ministerio de Trabajo indicaron que aún no han sido notificados sobre el fallo de la Sala y que la unidad ejecutora actualmente tienen su sede en el Instituto Nacional de Seguros.