José Luis Loría, representante de los trabajadores ante la Junta Directiva, pide a Gerencia Médica elaborar protocolo de atención en un plazo de tres meses

Por: Ángela Ávalos 25 mayo
El IVM pagó el año pasado ¢740.000 millones en pensiones a 238.644 jubilados.
El IVM pagó el año pasado ¢740.000 millones en pensiones a 238.644 jubilados.

La CCSS daría los tratamientos hormonales que requieren las personas trans si prospera una propuesta que ya está en conocimiento de la Junta Directiva de la institución.

José Luis Loría Chaves, representante de los cooperativistas ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), expuso el tema ante los otros ocho directores, al inicio de la sesión ordinaria del jueves 18 de mayo.

Será este 25 de mayo cuando presente la moción formal para buscar el visto bueno de los otros miembros, que permita solicitar a la Gerencia Médica la integración de un equipo interdisciplinario.

La intención es que ese equipo elabore en un plazo de tres meses el protocolo de atención terapéutica para esta población.

La propuesta de Loría solicita que los hombres y mujeres trans reciban los servicios "no desde la perspectiva de un desorden mental (ICD 10), sino como una atención médica y de salud que responda a las necesidades de estas personas".

Loría apela al principio de universalización de los servicios médicos y a la promoción de los derechos humanos para solicitar a la Caja un protocolo de atención terapéutica hormonal integral.

Una persona trans es aquella que no siente que su identidad de género esté acorde con su sexo biológico. Nacieron fisiológicamente como hombres, pero se sienten mujer, o viceversa.

Esta situación no tiene que ver con su orientación sexual ni cómo viven su sexualidad genital.

Asunto de Derechos Humanos

En la justificación de su propuesta, Loría sostiene que los trans tienen un promedio de vida de alrededor de 35 años debido al ambiente de violencia en el que se ven obligados a vivir y que los lanza a trabajar en las calles, pues tienen problemas para ser aceptados en centros de estudio y trabajo.

La gran mayoría terminan siendo víctimas de explotación sexual.

Esa expectativa de vida también se reduce por las sustancias tóxicas que deben inyectarse ante "la falta de una adecuada protección de la salud que promueve la 'auto hormonización'" (sic), menciona la propuesta de Loría.

Entre las sustancias que se ven obligados a usar están los aceites de cocina y la silicona industrial, con el fin de moldear el cuerpo en aquellos casos donde los hombres se transforman en mujer.

"Esta discriminación laboral lanza a un alto porcentaje a la práctica de los servicios sexuales, como única manera de conseguir recursos económicos para sus tratamientos hormonales y para sobrevivir". José Luis Loría, director de CCSS

Las experiencias en donde acuden a los servicios de salud y se encuentran con personal que no sabe cómo atenderlos, son muy comunes, sostiene el directivo de la CCSS.

Esta no es la primera vez que este director media por la población LGBTI ante el máximo órgano de decisión de esa entidad.

En mayo del 2014, Loría propició una reforma a los artículos 10 y 12 del Reglamento del Seguro de Salud que permitió ampliar el beneficio familiar para las parejas del mismo sexo.

La Junta de la Caja también aprobó, en junio del 2016, la extensión del beneficio de pensión por muerte a esas parejas.

La población trans, por medio de la Fundación Transvida, libra otras luchas por los derechos de estas personas.

Una de las más importantes tiene que ver con el cambio del nombre en la cédula de identidad de parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), y la desaparición del "conocido como".

Instituciones como la Universidad de Costa Rica (UCR) también han procedido a realizar esos cambios entre la población estudiantil trans.

En la UCR, los títulos, carnés y otros documentos aparecen con el nombre que los estudiantes trans han elegido, según la identidad de género que ellos reconozcan.

Hasta febrero de 2015, la Fundación Transvida registraba a unas 200 personas con ese perfil en el país, pero podrían ser más.

Actualmente, también está pendiente la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la consulta planteada por el Gobierno, sobre la posibilidad de permitir el cambio de nombre para los hombres y mujeres trans por la vía administrativa y no judicial, así como la ampliación de derechos patrimoniales a las parejas del mismo sexo.