Presidenta de la CCSS pidió a magistrados anular decreto emitido por Luis Guillermo Solís

Por: Manuel Avendaño A. 9 noviembre, 2015
La presidenta de la CCSS, María del Rocío Sáenz, aseguró que el decreto que autoriza la FIV, por ahora suspendido por la Sala IV, es inconstitucional. | MAYELA LÓPEZ.
La presidenta de la CCSS, María del Rocío Sáenz, aseguró que el decreto que autoriza la FIV, por ahora suspendido por la Sala IV, es inconstitucional. | MAYELA LÓPEZ.

San José

Las parejas que le ganaron la demanda al Estado por prohibir la fertilización in vitro (FIV), pidieron al Gobierno abrir una investigación contra la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), María del Rocío Sáenz, por oponerse al decreto que pretende regular esa técnica reproductiva en Costa Rica.

La mañana de este lunes los abogados representantes de las parejas, Boris Molina y Hubert May, presentaron una solicitud formal ante el presidente de la República, Luis Guillermo Solís y el Consejo de Gobierno para que inicie la investigación en contra de Sáenz.

En el documento los juristas señalan que la posición de la CCSS es contraria a la condena que le impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a Costa Rica el 28 de noviembre del 2012, en la cual le ordenó al Estado regular la FIV y permitir su aplicación en la salud pública y privada.

"Esta institución (la CCSS) es evidente que, a la fecha, no ha cumplido con el mandato de la Corte IDH y, más bien, realiza acciones concretas no sólo para no cumplir con lo ordenado; sino que, en sentido contrario, obstaculizan el cumplimiento de la sentencia y se esmeran en seguir fomentando argumentos que, claramente, ya fueron superados en la sentencia de la Corte IDH", agrega la solicitud de las parejas ante el Gobierno.

Los abogados representantes pidieron abrir un órgano del procedimiento administrativo para investigar las acciones de la presidenta de la CCSS, quien se opone al decreto emitidio por el presidente Solís para regular la FIV y permitir su aplicación en clínicas privadas y en la salud pública.

"Consideramos que es necesaria una profunda investigación de la conducta de la señora Presidenta de la CCSS y de sus actuaciones en representación de la institución, con el objeto de determinar si se justifica su despido del cargo que ocupa, por haber cometido presuntamente un hecho grave o gravísimo al no haber cumplido con la orden expresa de la Corte IDH y actuar en contrario a lo dispuesto en dicha sentencia", manifiesta el documento.

El pasado 30 de octubre la CCSS envió un informe a la Sala Constitucional en el que pide a los magistrados anular el decreto ejecutivo de la FIV, porque consideran que la técnica reproductiva se debe regular por medio de una ley al estar de por medio derechos fundamentales.

En el informe, firmado por María del Rocío Sáenz, se señala que "las instancias técnicas de la CCSS han advertido que la autorización de esta técnica no podía dejar de lado la regulación de aspectos que pueden alterar, afectar, modificar, variar o violentar elementos esenciales de la vida, de procreación, de filiación, sancionatorios, etc.".

El pasado 5 de noviembre, Luis Guillermo Solís perdonó a la presidenta de la CCSS por contradecirlo sobre la FIV y dijo que "este no es un régimen autoritario en el que todos se tienen que alinear o irse para afuera".

"Hubiera querido que el criterio de la CCSS fuera otro, pero vamos a insistir para que el decreto se imponga", concluyó el presidente.

Antecedentes. La Sala había prohibido la fertilización in vitro en el año 2000 por considerar que es una técnica que atenta contra el derecho fundamental a la vida.

El jueves 10 de setiembre, el mandatario Luis Guillermo Solís firmó el decreto para autorizar y regular la FIV, nuevamente en Costa Rica.

El decreto ejecutivo permitiría la aplicación de esta técnica en seis meses para la salud privada, y en dos años para la CCSS.

Un mes después, la Sala Constitucional, en una votación divida de sus magistrados, acogió para estudio una acción de inconstitucionalidad presentada por un grupo de diputados contra el decreto de FIV.

Desde entonces, la aplicación del decreto está suspendida en el país hasta que los jueces decidan si es constitucional o no.