Documento solicita avalar decreto emitido por Luis Guillermo Solís como mecanismo legal para regular la fertilización in vitro

Por: Manuel Avendaño A. 27 octubre, 2015
Los magistrados de la Sala IV en una votación dividida cuatro contra tres, resolvieron el pasado 7 de octubre, acoger para estudio la acción de inconstitucionalidad que presentaron los diputados cristianos contra el decreto emitido por el Gobierno para regular la fertilización in vitro en el país.
Los magistrados de la Sala IV en una votación dividida cuatro contra tres, resolvieron el pasado 7 de octubre, acoger para estudio la acción de inconstitucionalidad que presentaron los diputados cristianos contra el decreto emitido por el Gobierno para regular la fertilización in vitro en el país.

San José

Las parejas infértiles que ganaron la demanda contra Costa Rica por prohibir la fertilización in vitro (FIV), pedirán este martes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que llame a cuentas a la Sala Constitucional, por frenar el decreto emitido por el Gobierno para regular esa técnica reproductiva en el país.

La tarde de este lunes, los abogados representantes de las parejas infértiles, Boris Molina y Hubert May, presentarán ante la Corte IDH un documento de respuesta al informe que envió el Estado costarricense el pasado 15 de octubre a ese tribunal internacional.

El jurista Boris Molina explicó que en su respuesta le pide a la Corte Interamericana avalar el decreto firmado por el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, como instrumento jurídico para regular la técnica en Costa Rica y para cumplir la sentencia que pesa sobre el país.

El 11 de setiembre entró en vigencia el decreto que firmó el presidente Luis Guillermo Solís para regular la implementación de la FIV en Costa Rica.
El 11 de setiembre entró en vigencia el decreto que firmó el presidente Luis Guillermo Solís para regular la implementación de la FIV en Costa Rica.

"También le pedimos a la Corte IDH que saque del juego a la Sala Constitucional, que le aclare que no puede referirse sobre la validez del decreto ya que eso es materia legal que le compete únicamente a la Corte Interamericana", agregó Molina.

El documento, que presentarán hoy a la 1:00 p. m., pide a los jueces de la Corte IDH que declare cumplimiento de la sentencia por parte del Gobierno de Costa Rica e incumplimiento por parte de la Sala Constitucional.

Del escrito se extrae textualmente: "Solicitamos a la Honorable Corte que en aplicación del artículo 65 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) se tenga por cumpliente al Estado Costarricense en cabeza del Poder Ejecutivo, e incumpliente en cabeza de la Sala Constitucional y respecto de este último órgano constitucional se brinde el Informe respectivo a la Asamblea General de la OEA".

Molina aclaró que durante los tres últimos años los magistrados de la Sala Constitucional han dicho que no tienen competencia para referirse a temas relacionados con la FIV, pero el pasado 7 de octubre acogieron para estudio una acción de inconstitucionalidad presentada contra el decreto ejecutivo que regularía la técnica nuevamente en el país.

Largo camino. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado costarricense el 28 de noviembre del 2012 y le ordenó regular la FIV para permitir su aplicación en la salud privada y en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

La Sala Constitucional prohibió la aplicación de la FIV en el 2000 por considerar que la técnica atentaba contra el derecho fundamental a la vida.

El 3 de setiembre, el Estado costarricense representado por las Direcciones Jurídicas de Casa Presidencial y Cancillería, rindió un informe de cumplimiento de sentencia ante la Corte IDH.

En ese momento, el Gobierno todavía no había emitido el decreto para regular la FIV a la espera de que los diputados aprobaran el proyecto de ley que se tramita con lentitud en la Asamblea Legislativa.

El jueves 10 de setiembre, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, firmó un decreto —que rige desde el 11 de octubre—, para regular la FIV nuevamente en el país.

El decreto permitiría la aplicación de la FIV en seis meses para la salud privada y en dos años para la CCSS.

Un mes después, el 11 de setiembre, la Sala Constitucional en una votación divida de sus magistrados, decidió acoger para estudio una acción de inconstitucionalidad presentada por un grupo de diputados contra el decreto de FIV.

Al acoger la acción para estudio, la aplicación del decreto se suspende mientras los jueces magistrados de la Sala IV resuelven si es una figura jurídica constitucional y válida para regular la FIV en el país.