Entes estatales intentan ampliar oferta, pero atención es cara y prolongada

Por: Ángela Ávalos 21 septiembre, 2015

Pasaron dos meses, con sus días y noches, para que una madre de familia encontrara un lugar donde su hijo de 16 años pudiera iniciar el tratamiento contra su adicción a las drogas.

Dos meses, llamando varias veces diarias a una decena de albergues, en espera de un cupo para internarlo. Era la única vía para sacarlo del consumo activo de alcohol y marihuana.

Hasta que lo consiguió. La noticia de que había campo fue el comienzo de la recuperación de su muchacho, quien inició su relación con las drogas sin haber salido siquiera de sexto grado de primaria.

Como muchos padres, esta mujer (identidad protegida), se resistía a creer que el menor de sus tres hijos era adicto. “¿Cómo es posible que no me crea? ¿Por qué no confía en mí? ¡Soy su hijo!”, decía él a su madre cuando ella se atrevía a enfrentarlo ante las sospechas.

“En el fondo, me resistía a creerlo”, reconoce dos años después de vivir la que describe como “la peor de sus pesadillas”.

El camino para ella y su hijo no ha sido fácil. El país ofrece escasas opciones gratuitas o de bajo costo para las familias con menores adictos a las drogas, admiten las autoridades en este tema.

De acuerdo con los registros del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), desde hace varios años hay siete programas residenciales (con internamiento) para hombres y mujeres menores de edad con problemas adictivos.

A estos hay que agregar el Programa Nuevos Horizontes, que funciona en el Hospital Nacional Psiquiátrico, y que solo tiene capacidad para 12 camas. Aquí, un 70% de los menores enfrentan procesos judiciales.

Las modalidades no residenciales para esa población son solo tres; la mayoría en San José.

De los que funcionan de forma privada poco se sabe. Este diario hizo la consulta al IAFA, que a su vez refirió al Ministerio de Salud. Este volvió a remitir al IAFA, sin que ninguno de los dos tenga certeza de cuántos lugares funcionan y con qué tipo de controles.

En consultas con padres de familia, este diario supo de algunos en Santa Ana y en Atenas donde cobran hasta $6.000 mensuales (más de ¢3,2 millones).

Deuda. En sexto grado, a su hijo le ofrecieron marihuana. En segundo año de colegio, se escapó sin permiso a una “barra libre” o “megafiesta”, donde los asistentes tienen acceso ilimitado al consumo al pagar una cuota.

Aunque, por lo general, los sitios de estas fiestas son secretos, ella lo buscó hasta dar con él. “Las mesas estaban llenas de pipas, pastillas, polvos... eran varias cabañas en una finca y en cada una la escena era parecida”, relata esta mujer.

Esa fue la gota que colmó el vaso. Luego, vino la prueba de laboratorio y el resultado positivo por marihuana. Ahí empezó la búsqueda de un centro de terapia, que se inició en el IAFA y terminó, dos meses después, en un albergue de Barva, en Heredia.

En una encuesta del IAFA sobre tráfico de drogas en colegios, se halló que un 42% de los alumnos calificaba de fácil el acceso a las drogas en su comunidad. Otro 32,5% dijo que era muy sencillo consumirlas en el colegio.

Ileana Morera, coordinadora del Programa Nuevos Horizontes, dice que, al hacer la historia clínica de sus pacientes, encuentran que la edad de inicio ronda los 9 años.

Tal consumo no discrimina edad ni condición social, aunque son más las familias de ingresos bajos las que buscan ayuda de entes no gubernamentales que funcionan con apoyo del Estado. Esos grupos no cobran.

Limitaciones. Según un estudio del IAFA, del 2012, el país tenía 202 camas para atender a menores adictos al consumo de sustancias psicoactivas. En ese momento se necesitaban 43 camas más.

Son terapias costosas y prolongadas. Solo en el Centro de Atención a Personas Menores de edad del IAFA, el costo mensual de un menor ronda ¢1 millón.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI), por su parte, invirtió este año en las subvenciones a organizaciones no gubernamentales que ven por menores adictos casi ¢11.000 millones.

Los tratamientos no bajan de un mes. En el centro del IAFA, el promedio de internamiento es de 90 días, con terapias ambulatorias intensivas de tres meses (asistencia una vez a la semana). En centros como Renacer, los plazos van de 12 a 15 meses, lo cual explica, entre otras razones, las listas de espera por un cupo.

Jalila Meza Lázarus, coordinadora del departamento de Acreditación, en el PANI, confirma que ellos tienen 203 menores con problemas de adicción en alguna modalidad de protección.

“Hacen falta más centros especializados en la atención de jóvenes con problemas de drogas, sobre todo asociados a la ley penal juvenil”, dijo la funcionaria.

Tanto el IAFA como el PANI y la CCSS buscan una tercera opción para quienes necesitan la terapia; sobre todo, una vez que se traspasa el límite de la mayoría de edad. Meza admite que hay un vacío para esta población y que trabajan a fin de llenarlo.

Eso, justamente, le pasó al joven con quien empieza este artículo. Acaba de cumplir los 18 y debió dejar el albergue.

La esperanza de su mamá es mantener el cambio logrado en los meses de terapia. Su hijo está por terminar la secundaria a distancia y ya encontró trabajo.