La huelga a la que se sumó aproximadamente la mitad de los trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) le costó ¢2.800 millones a la institución.
Esta cifra se incluyó en el reporte dado a conocer por el ministro de Trabajo, Carlos Alvarado, durante la conferencia de Consejo de Gobierno de este martes. Según la estimación del jerarca, a la protesta se sumó el 50% de los empleados de la seguridad social.
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El ministro de Trabajo aseguró que se perdieron 1.600 citas y se suspendieron 620 cirugías en todo el país, pero estos son aún números preliminares.
Entre los hospitales nacionales, la mayor afectación se registró en el Hospital México, según constató La Nación.
En ese centro médico, el servicio de consulta externa se encontraba paralizado casi en su totalidad y en algunas áreas donde sí había especialistas los pacientes no podían ser atendidos pues no había secretarias o personal de registro para que pasara los expedientes de los asegurados.
Según el subdirector del hospital, Juan Ugalde, se suspendieron 70 cirugías y solo se estaba atendiendo a los pacientes de oncología, endocrinología, quimioterapia y emergencias.
A muchos de estos pacientes se les llamará por teléfono en los próximos días para asignarles nuevas citas, otros deben acudir hasta los hospitales a pedir la reprogramación.
La huelga, programada para hoy y mañana se da en oposición a una serie de proyectos de ley como la reforma fiscal y la evaluación de desempeño de los empleados públicos.
Carlos Alvarado recalcó la posición del Gobierno y dijo que este movimiento era innecesario pues siempre se han mantenido abiertos los canales de diálogo.
"Hemos instruido para que las diferentes instituciones levanten las listas de las personas que asistieron o no a trabajar", añadió Alvarado.
Según el ministro, el Gobierno está avanzando en el debido proceso para que se levante la información sobre la afectación por este movimiento y pedir la declaratoria de ilegalidad de la huelga en un tribunal de trabajo.
Para mañana, las autoridades prevén que las manifestaciones se trasladen fuera del área metropolitana.