Debe cuantificar gasto de inversión inicial para que el Estado aplique la técnicas

Por: Manuel Avendaño A. 14 septiembre, 2015

El Ministerio de Hacienda convocará a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y al Ministerio de Salud en un mes para analizar los costos e inversiones que se deben realizar para aplicar la fertilización in vitro (FIV) en el sistema de salud público.

El ministro en ejercicio de Hacienda, José Francisco Pacheco, comentó a La Nación que es necesario que las tres instituciones se sienten para analizar los costos que implicarán al país la aplicación de la FIV en la CCSS.

Pacheco explicó que el análisis de incluir tres ámbitos: la inversión inicial, los costos de cada procedimiento de FIV y el seguimiento que se le da cada caso.

"Vamos a tener inversión en tecnología, pero también hay una necesidad específica de, por ejemplo, comprar software que nos permita dar seguimiento a cada uno de los casos, o inclusive, hacer los registros correspondientes, según esta normativa técnica", explicó el jerarca de Hacienda.

Para Pacheco es importante definir los costos de un proceso de FIV en el país tomando en cuenta el tratamiento previo, la fertilización como tal, los cuidados prenatales y el seguimiento después del nacimiento del niño.

Uno de los puntos que analizarán las instituciones es definir bien a quién le corresponde financiar los procedimientos.

Para el ministro, el decreto es amplio y dice que es el Estado el que debe dar los recursos para implementar la técnica.

Pacheco dijo que se debe definir bien qué le corresponde financiar a la CCSS y qué es materia del Ministerio de Salud.

La CCSS informó el pasado jueves 10 de setiembre que un procedimiento integral de FIV le costaría a la institución ¢20.912.944. Sin embargo, el martes 8, María del Rocío Sáenz, presidenta de la entidad, dijo que el proceso completo costaría ¢80 millones.

Estos costos incluyen la atención especializada y el procedimiento inicial de la FIV en tres ciclos, la inversión del parto, posparto y neonatal.

El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, firmó el decreto que regula la FIV en el país el pasado jueves 10 de setiembre.

La normativa permite levantar la prohibición a la técnica reproductiva que impuso la Sala Constitucional en el 2000.

El decreto establece que el Ministerio de Salud debe elaborar una norma técnica en un plazo máximo de seis meses para permitir que se aplique la FIV en centros de salud privados y públicos, aunque la CCSS tiene hasta dos años para realizar la fertilización in vitro.

El decreto busca regular la FIV y cumplir con la sentencia que le impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al país el 28 de noviembre del 2012.