Por: Patricia Recio 24 septiembre, 2014

El Ministerio de Trabajo y el Instituto Nacional de Seguros (INS) deberán resolver los reclamos de 12.000 familiares de extrabajadores bananeros que resultaron afectados por Nemagón.

Esta es la orden que emitió la Sala Constitucional al declarar con lugar un recurso de amparo interpuesto por la Defensoría de los Habitantes. La gestión se presentó en representación de 11.792 “afectados indirectos” por el plaguicida.

De acuerdo con la Defensoría, el grupo incluye cónyuges, hijos y compañeros de exbananeros.

Sus quejas serán conocidas por la Unidad Ejecutora Técnica para Atención de Extrabajadores Bananeros Afectados por el Uso del Nemagón, adscrita a Trabajo, y la Oficina Operativa de Afectados por el Nemagón, del INS.

Los afectados por el uso del Nemagón tienen décadas en la batalla por una indemnización. Aquí en una manifestación en mayo de 2004. | ARCHIVO
Los afectados por el uso del Nemagón tienen décadas en la batalla por una indemnización. Aquí en una manifestación en mayo de 2004. | ARCHIVO

Ambas dependencias fueron creadas con la Ley de Determinación de Beneficios Sociales y Económicos para la Población afectada por el "DBCP" o Nemagón la cual permitió indemnizar a exbananeros que acreditaran haber estado expuestos al plaguicida entre los años 1967 y 1979.

"Para la Defensoría de los Habitantes resulta inadmisible, entre otras cosas, que 13 años después de dictada la ley aún no existe el reglamento correspondiente que desarrolle un procedimiento a seguir para atender los reclamos planteados por los afectados", manifestó en un comunicado.

Voceros del Ministerio de Trabajo informaron ayer de que aún no han sido notificados del fallo.

En setiembre de 2010, la misma Sala había ordenado al INS la realización de exámenes médicos a los extrabajadores para el pago de indemnizaciones.

Sin embargo, en marzo, decenas de de los afectados por el químico acudieron al Congreso a reclamar esas compensaciones.

Entre los problemas de salud que sufrieron están el cáncer, las enfermedades de la piel y sobre todo problemas de fertilidad.

"Tener a casi 12.000 personas sumidas en un estado de incerteza e inseguridad jurídica, no solo representa un abierto desacato al mandato impuesto por la normativa, sino un menoscabo a los derechos fundamentales de los afectados indirectos, en particular, el derecho a una reparación por la vulneración sufrida", manifestó la nueva defensora Montserrat Solano.

La resolución de la Sala ordenó al presidente, Luis Guillermo Solís y al ministro de Trabajo, Víctor Morales, a que en el plazo de dos meses, a partir de la notificación, se dicte y publique dicho reglamento.