A cuatro años de la aprobación de la ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el país sigue sin una política clara para el manejo, clasificación y reutilización de la basura que produce.
Las autoridades no saben con exactitud cuáles municipios cumplen con la legislación, no existen sanciones para los infractores y tampoco hay una estrategia de fiscalización para los planes de manejo de residuos aprobados en los distintos cantones.
El Ministerio de Salud, la Defensoría de los Habitantes y el Centro de Producción Nacional (Ceprona) discrepan sobre la cantidad de municipalidades que ya tienen el plan de gestión integral de residuos aprobado.
El plan de manejo de residuos es una herramienta –exigida por la ley– que permite a los municipios cuantificar los residuos, clasificarlos y buscarles una reutilización. Además, facilita la actualización de tarifas de recolección. Es exigido por la ley y debe orientar las acciones de los ayuntamientos para tratar sus desechos sólidos.
De acuerdo con el Ministerio de Salud, 64 municipios ya cumplieron con la normativa, 19 están en proceso y ocho no muestran ningún tipo de avance.
La estadística toma en cuenta los 81 cantones y nueve concejos de distrito.
La Defensoría de los Habitantes registra que 59 gobiernos locales ya aprobaron el plan, 26 están en proceso y cuatro no informaron nada sobre su situación.
Por su parte, la organización no gubernamental Ceprona sostiene que solo 48 municipios poseen el plan y 41 no.
Según un estudio de la Universidad Nacional (UNA) realizado en 2103, cada día el país genera un aproximado de 3.038 toneladas de residuos sólidos por día.
Los ayuntamientos tenían tiempo para presentar el plan hasta marzo. Pese al incumplimiento, los gobiernos locales infractores no se exponen a castigos porque la ley no los contempla.
“La ley no indica ninguna sanción para la municipalidad que no cumple”, lamentó Eugenio Androvetto, jefe de la Dirección de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud.
El funcionario agregó que están buscando mecanismos alternativos para que los ayuntamientos cumplan con la ley.
Sin supervisión. El Ministerio de Salud reconoce que no hay fiscalización sobre la calidad de los planes municipales existentes ya que solo deben pasar por la aprobación de cada concejo municipal.
Además, Salud admite que por ahora no son capaces de determinar cuáles planes están siendo ejecutados y cuáles no.
“Sabemos que están elaborados y algunos se están implementando, pero la ejecución y el grado de avance, es información que no tenemos”, señaló Androvetto.
“Un buen o mal plan de gestión va a depender de su puesta en operación porque el plan puede estar perfectamente diseñado, pero la puesta en operación es lo que vale en esto”, dijo Juan Manuel Cordero, director del Área de Calidad de Vida de la Defensoría.
El informe de esta institución señala a los cantones de Santa Ana, San Carlos, Alvarado, Belén, Abangares, Buenos Aires y Talamanca como los lugares con mayor grado de cumplimiento de la ley.
Por el contrario, señalan a Tarrazú, San Mateo, El Guarco, Nicoya, Garabito y Guácimo como los sitios con menor avance.
Jairo Guzmán, alcalde de San Mateo, afirmó que ya poseen un plan de manejo de residuos, pero aún no lo están ejecutando.
“No lo hemos puesto en marcha porque nos hace falta un centro de acopio para el tema de reciclaje”, declaró Guzman.
San Mateo produce aproximadamente 67 toneladas de residuos al mes, el 64% de ellas son reutilizables, según el diagnóstico hecho por el municipio.