El Estado y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) enfrentan, al menos, 22 demandas en los estrados de la Jurisdicción Contencioso Administrativa por el retraso en la aplicación de la fertilización in vitro (FIV).
En cada una de ellas, se solicita el pago de una indemnización entre los $100.000 y $150.000, informó Huberth May, quien asesora a 22 parejas.
Según explicó el especialista en Derecho Público, además de ese pago se demanda el inicio de los tratamientos en la Caja y que se le permita a los profesionales particulares dar el servicio. Por ahora, ninguno de los juicios ha concluido.
Congreso. Las parejas libran otra batalla en el Congreso, donde están presentados cuatro proyectos, pero el número 18.824 es el que ha avanzado más; está en el plenario y está entre los convocados para ver en sesiones extraordinarias.
Emilia Molina, jefa de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), asegura que la aprobación se ve difícil, pero ella no se rinde.
Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana (ADC), responsabiliza al Gobierno por la “incapacidad para negociar el tema”.
“No hay bloqueo, como sí ha habido antes. Lo que existe son 36 mociones, todas con contenidos razonables, que estamos dispuestos a dialogar”, afirma.
Para Redondo, debe impulsarse una política integral en materia de infertilidad.
Fabricio Alvarado, del Partido Restauración Nacional, no apoya ningún proyecto porque, según su criterio, todos atentan contra la vida.
“Hay un afán por aprobar cualquiera de ellos. Hasta ahora, no nos han demostrado que no atentan contra la vida humana”, dijo el diputado.