Reclaman a Sáenz no consultar nueva revisión de monto y el método de cálculo

Por: Ángela Ávalos 15 octubre, 2014

La presidenta ejecutiva de la CCSS, María del Rocío Sáenz, firmó con el Ministerio de Hacienda una resolución para revisar el monto de la deuda estatal con la seguridad social y la metodología de cálculo.

Aunque Sáenz tiene potestad legal para realizar la gestión, varios miembros de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) le reclaman no haberles informado antes y en profundidad sobre este asunto que, para ellos, es muy delicado.

Según la Gerencia Financiera de la Caja, la deuda estatal ronda los ¢650.000 millones y es, fundamentalmente, por el seguro de salud. Apenas el 2% corresponde al seguro de pensiones.

Con esa cantidad de dinero se podrían construir otros 12 hospitales como el San Vicente de Paúl, en Heredia, incluido el equipamiento.

La firma de la polémica resolución se dio el jueves 28 de agosto , a pocas horas del discurso presidencial sobre los primeros 100 días de Gobierno .

Sáenz aseguró a este medio que la coincidencia de fechas fue una casualidad.

“Tengo que decirle que estuvo listo cuando estuvo listo, pero no tenía una relación realmente con los 100 días”, aseguró.

La noche de ese jueves, el presidente Luis Guillermo Solís anunció en su discurso el inicio del diálogo con las autoridades de la CCSS “con el fin de poner al día las deudas que el Gobierno Central tiene con esa institución”.

Y agregó: “Este esfuerzo tiene dos grandes condiciones: la determinación del monto real de la deuda del Estado con la CCSS, lo cual requiere de la armonización de las metodologías para calcularla”.

Ambas condiciones resumen la esencia de la resolución que firmó Sáenz, antes del informe del mandatario.

Directores como el representante cooperativista, José Luis Loría Chaves, y el representante patronal, Renato Alvarado Rivera, se enteraron de la decisión al escuchar al presidente.

Todos, eso sí, recibieron el documento cuando ya estaba firmado por Sáenz y el ministro de Hacienda, Helio Fallas Venegas, la tarde del 28 de agosto.

Reclamo. La resolución de Sáenz y Fallas (número 0909-2014) crea un nuevo equipo técnico interinstitucional para determinar el método de cálculo, la actualización del monto de la deuda estatal, y el diseño de los instrumentos de financiamiento y pago.

Esto ocurre aunque desde hace dos años existe un grupo similar, con las mismas responsabilidades, según confirmaron varios directores de la Caja.

A este grupo recién conformado se le da un plazo de un año a partir de la firma de la resolución, pese a que ese periodo puede prorrogarse otro año si fuera necesario.

La Nación consultó a ocho de los nueve directores de la CCSS (no fue posible hablar con Óscar Fallas Camacho, representante del Estado).

De los ocho, cinco manifestaron, abiertamente, su molestia por recibir el documento el mismo día del discurso presidencial, y coincidieron en que este no es momento de más estudios, sino de empezar a ejecutar los pagos.

Marielos Alfaro Murillo, vocera patronal, cree que la resolución fue firmada “(...) para el show de los 100 días. En lugar de cumplir con el compromiso, crean una expectativa de que hay un acuerdo para proceder a pagar, cuando aquí no se habla de pagos”.

“En lugar de hacer otro equipo lo que hay que hacer es cancelar las deudas; y luego, y si hay algo que decir se hacen los reclamos”, agregó Renato Alvarado.

Mayra Soto, representante laboral, está de acuerdo con el contenido. Ella conoció el documento el día del discurso presidencial: “A mí me gustó. Somos nueve, con nueve pensamientos diferentes. Pienso que es una buena intención”.

Sin embargo, Sáenz asegura que siempre mantuvo informados a los directores sobre la intención del Gobierno de llegar a un arreglo definitivo con la CCSS.

El gerente financiero de la Caja, Gustavo Picado –quien dijo no haber participado directamente en la elaboración de la resolución– no considera que el documento venga a perjudicar el trabajo hecho.

“Existe el consenso de avanzar más rápido que con los tiempos que se establecieron. Estamos muy interesados porque eso nos puede ayudar a invertir en infraestructura, mantenimiento y programas que mejoren los servicios de salud”, dijo Picado.