Entidad asegura que proceso se realiza de manera confidencial

Por: Patricia Recio 19 junio, 2015

La Caja Costarricense de Seguro Social investiga el supuesto sobrepago de ¢2.000 millones en incapacidades a sus asegurados, por un error en el sistema de desembolsos.

Este hecho fue denunciado por Roberto Mora, conocido como el "cobrador de la Caja", quien solicitó a la presidenta de la institución, María del Rocío Sáenz, que le enviara el informe de auditoría donde se evidenciaría dicho pago.

Mora explicó que ese dinero se canceló de más por una falla en el Sistema de Registro, Control y Pago de Incapacidades (RCPI). Así las cosas, pidió que se indicara qué gestión cobratoria realiza la Caja para la recuperación de esos dineros.

Las autoridades de la institución indicaron a Mora que el informe solicitado incluye recomendaciones que "conllevan la eventual apertura de procedimientos administrativos, razón por la cual se encuentra calificado como confidencial".

Aunque no le entregaron el informe al bloguero, si se trasladó a la dirección de Cobros su consulta sobre el proceso para recuperar los dineros pagados de más.

Este medio también intentó conocer sobre dicho informe y el subauditor Olger Sánchez, manifestó por medio de la oficina de prensa, que por razones jurídicas existe una prohibición para entregar el documento.

Los recursos que ofrece la CCSS provienen del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.
Los recursos que ofrece la CCSS provienen del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.

"Esto es así, en virtud de que del informe podrían derivarse responsabilidades administrativas, y patrimoniales, en cuyo caso todos los funcionarios señalados tienen un derecho fundamental de presunción de inocencia, ante lo cual y al amparo de lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Control Interno y 8 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito, estaríamos ante información sensible de carácter confidencialidad, al menos durante el período en que se desarrolle el procedimiento administrativo de determinación de la verdad real de los hechos evidenciados por la Auditoría Interna", explicó.

La denuncia de Roberto Mora trasciende en la misma semana en la que el diputado del partido Alianza Demócrata Cristiana, Mario Redondo, señaló que los funcionarios públicos se incapacitan cinco veces más que los del sector privado.

El diputado dijo que mientras que los empleados estatales sumaron 1,5 millones de días en incapacidades siendo 275.000 personas, los trabajadores particulares que son alrededor de 1,8 millones, sumaron 1,8 millones de días, es decir un cada uno en promedio se incapacitó solo un día.

Las cifras del sector público significaron desembolsos por ¢28.300 millones en la Caja para el pago de estas incapacidades y de ¢15.200 millones para los privados.