La Fiscalía aseguró no haber encontrado elementos de prueba para considerar que se realizaron trasplantes de órganos de manera irregular en el Hospital México, según un comunicado de prensa, enviado la tarde de este jueves.
Esa sospecha surgió a partir de conversaciones registradsa entre médicos imputados por el delito de trata de personas para extracción ilícita de órganos, las cuales trascendieron en el juicio que se realiza en el Tribunal de Juicio de San José.
Específicamente, se hizo referencia a esos diálogos el martes 14 de noviembre cuando la fiscala a cargo del caso, Ileana Mora, los mencionó cuando hacía sus conclusiones.
Como parte de su exposición, Mora leyó parte de la transcripción de esas conversaciones con el fin de demostrar a los jueces que estas personas sí conocían la situación en la cual se estaban involucrando.
Aquellos diálogos datan de junio del 2013, poco antes de que se realizara el operativo judicial donde se detuvo al nefrólogo Francisco Mora Palma, entonces jefe de ese servicio en el Hospital Calderón Guardia.
Este jueves, sin embargo, la Fiscalía aclaró que aquella información no condujo a una nueva causa judicial.
"Tras la exhaustiva investigación dirigida por la Fiscalía, no fue posible obtener elementos de prueba que permitieran acreditar, con el grado de probabilidad suficiente, la existencia de ese tipo de delitos en dicho centro médico", informó el Ministerio Público en referencia al Hospital México.
Su aclaración también atendió a manifestaciones de la gerenta médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), María Eugenia Villalta, quien dijo que estaban a la espera de que la propia Fiscalía dijera a qué se refería cuando mencionó la posibilidad.
"Es necesario reiterar que, de haberse encontrado evidencia contundente, sin lugar a dudas la Fiscalía habría procedido con la acusación y solicitud de juicio en contra de los responsables", añadió el órgano acusador del Estado.
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Un juicio histórico
En el proceso judicial que se debate actualmente hay cinco imputados: cuatro médicos y un comerciante griego a quienes la acusación de la Fiscalía vincula con 14 víctimas de trata para la extracción de riñones. Dichas operaciones se habrían realizado en el Hospital La Católica y la Clínica Bíblica, ambos centros privados.
Los órganos supuestamente se extrajeron a cambio de dinero, según la acusación de la Fiscalía. Los receptores serían extranjeros, principalmente de Israel, Grecia y Estados Unidos.
Como supuesto líder de la red se señala al nefrólogo Francisco Mora Palma, contra quien la fiscala solicitó 296 años de prisión (la pena máxima es de 50 años).
También estarían involucrados los urólogos Maximiliano Mauro Stamati y Fabián Fonseca Guzmán, y el vascular periférico Víctor Hugo Monge Monge.
Contra el comerciante griego Dimóstenes Katsigiannis Karkasi, la Fiscalía solicitó 39 años de prisión, pues le atribuye haber intermediado entre médicos y candidatos a dar riñón.