Por: Ángela Ávalos 12 julio, 2015
Este gabinete es parte de los esfuerzos del Calderón Guardia para responder ante un eventual incendio en sus instalacioes. | JORGE NAVARRO
Este gabinete es parte de los esfuerzos del Calderón Guardia para responder ante un eventual incendio en sus instalacioes. | JORGE NAVARRO

Las obras nuevas no representan mayor reto para la Caja en cuanto a protección de incendios; se construyen de acuerdo con la norma, y punto.

El verdadero desafío está en los hospitales viejos, es decir, casi todos los de la entidad.

Colocar sistemas de rociadores o ajustar estos edificios con estructuras cortafuego, implica sacar de operación, temporalmente, servicios hospitalarios.

Además, es muy caro. Por ejemplo, poner rociadores en el Hospital México le costaría a la Caja ¢3.000 millones.

Es la misma suma que la institución ha invertido del 2008 al 2014 en algunas medidas contra incendios.

Al no poder asumir todas las obras al mismo tiempo por su alto costo y complejidad, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ejecuta un plan en tres fases con miras a que en el 2025 ya estén blindados contra las llamas todos los hospitales.

Ese plan es resultado de la ley 8828 del Cuerpo de Bomberos, que les permite a los edificios antiguos tener un cronograma de trabajo para cumplir la norma.

Y en eso están en la Caja, no sin pocas complicaciones, principalmente financieras.

Mary Paz Morales Ríos, del Programa de Seguridad en Incendios y Explosivos de la Caja, informó de que se encuentran en la segunda fase de ese plan.

Esta incluye la colocación de dispositivos de detección, alarmas y control de fuga de gas.

La parte de dispositivos de detección de fugas de gas, sin embargo, está frenada desde el 2009 debido a un proceso contencioso administrativo, informó Paquita González Haug, directora de la Dirección de Administración de Proyectos Especiales, de la institución.

“Es por una licitación del 2009, con muchos problemas. Se adjudicó, pero hubo problemas en la ejecución. La empresa alegó que no podría y el caso está en un juicio”, explicó González.

Este es un ejemplo de los obstáculos que debe enfrentar el desarrollo del proyecto y que dificultan su avance. Por eso, González no descarta revisar el plan.

“Me parece que el programa hay que revisarlo y hacer un replanteamiento de algunas metas con criterios de priorización y de hacer intervenciones integrales”, manifestó en referencia a la posibilidad de extender más el plazo límite del 2025 para cumplir con las obras.

Según lo previsto, dijo Mary Paz Morales, la tercera fase (rociadores y compartimentación), se iniciaría en el 2016 de cara a estar lista en el 2025.