283 personas han solicitado beneficio: 107 están activos, 124 ya lo completaron, 29 fueron rechazados y a 23 se les revocó el beneficio

Por: Sofía Chinchilla C. 22 mayo
Tras terminar el programa Henry Argüello, se dedicó a sacar cursos con varias entidades. También consiguió un empleo y fundó su propia empresa. | MELISSA FERNÁNDEZ.
Tras terminar el programa Henry Argüello, se dedicó a sacar cursos con varias entidades. También consiguió un empleo y fundó su propia empresa. | MELISSA FERNÁNDEZ.

Lo que pudo ser la condena de Henry Argüello se convirtió en la oportunidad de darle un nuevo rumbo a su vida.

Ocurrió hace tres años y cinco meses, cuando ingresó al Programa de Tratamiento de Drogas Bajo Supervisión Judicial (PTDJ).

El programa –parte del sistema de Justicia Restaurativa del Poder Judicial– está activo desde hace cuatro años, para que quienes cometen por primera vez un delito influenciado por su adicción a las drogas puedan iniciar una terapia de rehabilitación, en vez de cumplir una condena ordinaria.

Argüello, por ejemplo, tenía más de 15 años de vivir en la calle, a raíz de una adicción que desarrolló a los 13 años.

“No se me quitaba la idea: consumo, consumo, consumo... Consiga ¢1.000. Consumo, consumo, consumo... Consiga ¢2.000. Y eso pasó a lo que era robar. A eso lo va llevando a uno la misma enfermedad”, recordó Argüello.

En una de esas ocasiones fue llevado ante las autoridades, pero los afectados por el hurto accedieron a que recibiera tratamiento. Como no tenía casa, lo recibieron en el Hogar Salvando al Alcohólico de Escazú, donde vivió mientras recibía su terapia.

La alternativa.
La alternativa.

Desde el 2013, 283 personas han aplicado para ingresar al programa. 107 están activos y 124 ya lo completaron. Otros 29 no cumplieron con los requisitos para ingresar y a 23 se les revocó el beneficio.

En la última categoría se ubican quienes dejaron de asistir a las citas o no cumplieron con alguna de las condiciones acordadas, como la abstinencia.

De acuerdo con Lizzette Cavero, encargada de Justicia Restaurativa, al programa pueden ingresar personas mayores de edad, siempre que las partes involucradas (ofensor, víctima y autoridades judiciales) estén de acuerdo. Si alguno no accede, o si la persona no cumple con los requisitos, el proceso continúa por la vía ordinaria.

“Es un proceso expedito, semejante a lo que dura un caso en flagrancia. En Justicia Restaurativa, hasta llegar al tratamiento, pueden pasar uno o dos meses”, explicó la magistrada Doris Arias, quien trajo el programa de Justicia Restaurativa al país.

Trámite del beneficio
Trámite del beneficio
La terapia

Cuando el ofensor es admitido en el PTDJ, su rehabilitación es dirigida por el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).

Grisel Hernández, psicóloga del proceso de atención a pacientes de esa entidad, explicó que en la mayoría de los casos los planes son ambulatorios.

Argüello trabajó en la cocina durante su estadía en el Hogar Salvando al Alcohólico de Escazú. Así se ganaba los ¢16.000 semanales con los que pagaba los pases para ir a sus sesiones en el IAFA.
Argüello trabajó en la cocina durante su estadía en el Hogar Salvando al Alcohólico de Escazú. Así se ganaba los ¢16.000 semanales con los que pagaba los pases para ir a sus sesiones en el IAFA.

“La persona debe asistir a terapias de grupo, como alcohólicos o narcóticos anónimos. También puede que deba ir al tratamiento del IAFA. Como requisito, debe mantenerse activa laboralmente o académicamente", indicó la funcionaria.

Los ofensores deben completar cinco fases del programa, distribuidas en 18 meses.

“Fue súper duro, porque entraban las medidas de psicología, trabajo social e incluso psiquiatría. Me citaban tres o cuatro veces a la semana al IAFA y me aplicaban pruebas doping de orina”, contó Argüello.

“Yo me lo tuve que costear (los gastos para llegar a las sesiones). Por el trabajo en la cocina (del centro en el que vivió) me daban ¢16.000 por semana, y eso eran los pasajes míos para ir y venir de la terapia. Aparte de eso llevaba una disciplina de tres reuniones al día en este hogar", agregó.

Él cumplió con su plan y se convirtió en el segundo graduado del PTDJ.

Ahora vive con su pareja y trabaja en ganarse la confianza de sus hijos, contó.

Limitado

Actualmente, el PTDJ se aplica solo en Heredia, en el primer circuito judicial de San José y en Pérez Zeledón, pues solo ahí hay oficinas de Justicia Restaurativa.

Arias atribuye la reducida cobertura a la falta de recursos. La magistrada señaló que, por ejemplo, cada año el IAFA puede financiar las terapias de 10 personas. Las demás las aportan organizaciones no gubernamentales aliadas.

"Si usted divide los 250 casos de personas que se quedaron en los cuatro años, le va a dar que el porcentaje es muy bajo. ¿Cuánta gente entró realmente a este programa? ¿Y cuántos drogadictos tiene nuestro país? Muchísimos. Podríamos haber tenido más beneficios, sin embargo no se pudo porque no había recursos en el Poder Judicial", reprochó la magistrada.

De acuerdo con el Informe de Situación Nacional sobre Drogas 2015, elaborado por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), en el 2015 el IAFA atendió a 72.712 pacientes por adicción a drogas.

Arias apuesta al proyecto de ley de Justicia Restaurativa que se tramita en la Asamblea Legislativa, impulsada por el exdiputado Antonio Álvarez.

La iniciativa propone que en el Presupuesto Nacional se contemplen recursos para abrir y equipar oficinas de Justicia Restaurativa en todo el país.

"¿Por qué es importante? Porque esto tiene que ver con la seguridad ciudadana y con la calidad de vida de los y las costarricenses. Resulta ser que estos pequeños robos para el consumo van generando mucho malestar social y hay que atender esas delincuencias también.

"No es tener una política de puertas abiertas de que todo el mundo puede consumir la droga en nuestro país, sino que asociado al consumo viene también la comisión de delitos y eso es un tema que no estaba trabajado", manifestó la magistrada.

El plan de ley fue dictaminado por la comisión legislativa de Seguridad y Narcotráfico el 27 de mayo, y ahora ingresará a la agenda del plenario.

Para Franklin Hernández, administrador del centro en el que Henry Argüello hizo su tratamiento, la iniciativa es valiosa.

"Todos en algún momento hemos cometido errores (...) se ha demostrado con muchas personas que cuando hay una oportunidad, a veces aunque sea a la fuerza, sí puede haber un cambio", dijo Hernández.

Argüello está convencido de que el programa funciona y agradece haber sido uno de los beneficiados. Él asegura que quiere retribuirle a la sociedad con más gentileza y trabajo.

Por ello, creó la empresa Servicios Especializados Solís, con la cual le da empleo a personas que, como él, vivieron en la calle. Ya contrató a dos personas, quienes hacen limpieza y mantenimiento de jardines.

"Yo jamás voy a querer volver atrás, lo que hay allá es muy desagradable. Mi mente se está dando cuenta de que mi vida vale mucho, como para ir a entregársela a la droga, el alcohol y las calles”.

“Las personas que vayan a llegar a este programa deben saber que es la solución de muchos problemas, los saca de la miseria a algo exitoso y digno, a una vida útil y feliz", aseguró.