Veintidós parejas demandan al Estado una indemnización de $2,2 millones por la lentitud en la habilitación de la técnica de fertilización in vitro (FIV) en el país.
Desde noviembre del 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) ordenó a Costa Rica reanudar la FIV. Sin embargo, casi dos años después no existe un marco legal que permita ejecutar este procedimiento médico.
Hubert May, abogado de las parejas, manifestó que, en promedio, cada matrimonio solicitará $100.000 por daños y perjuicios.
“Muchas de estas parejas se han sometido hasta a cinco procedimientos en el extranjero para poder ser padres, sin éxito”, dijo May.
Según el representante legal, cada familia lleva una demanda por su cuenta; no se trata de una demanda colectiva.
Los procesos judiciales fueron interpuestos en agosto del 2013 ante el Tribunal Contencioso-Administrativo y están a la espera de ser elevados a juicio.
“En la mayoría de los casos, esperamos poder entrar en la etapa de juicio en los próximos meses”, agregó May.
Defensoría. El grupo de parejas afectadas se reunió ayer con la defensora de los Habitantes, Montserrat Solano para pedir el apoyo de esa institución en el proceso legal.
De acuerdo con May, al finalizar la reunión, la Defensoría de los Habitantes se comprometió a presentar un informe a la CIDH sobre los avances en la implementación de la fecundación asistida.
“La verdad, yo no lo entiendo. Cómo un país respetuoso de los derechos humanos incumple una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, cuestionó Solano, juramentada por el Congreso el 22 de setiembre.
La jerarca agregó que la Defensoría mantiene el apoyo a las familias interesadas en la FIV. “La Defensoría ha venido apoyando en esto desde la sentencia; no es algo nuevo para nosotros”.