El partido Renovación Costarricense le cobró al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) una deuda de casi ¢4 millones que arrastraba con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Ese cobro fue incluido en la liquidación de gastos del primer trimestre de este 2015 que la agrupación presentó al TSE con el objetivo de que se le reembolse con fondos de la deuda política ese monto que canceló el 12 de marzo pasado.
La suma adeudada corresponde a cuotas obrero patronales que el partido evangélico no le pagó a una colaboradora durante 19 meses que trabajó para ellos entre el 2011 y el 2012.
La Caja condenó a Renovación Costarricense al pago de ¢3.934.000 —de los cuales ¢719.000 son por concepto de intereses moratorios— por “el incumplimiento del patrono respecto al no oportuno aseguramiento obligatorio”.
Dicha institución concluyó, el pasado 14 de noviembre, que los servicios que ofrecía una periodista de apellidos Cárdenas Bolaños, no eran de una profesional independiente, sino que existía una relación contractual, pues a ella se le pagaba cada 15 días y no tenía otro patrono.
El presidente del partido, Justo Orozco, no apeló ante la CCSS para evitar el pago.
Desembolso bajo análisis. El cobro surgió tras una denuncia que presentó el departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE a la Caja, el 13 de febrero del 2013.
Esa dependencia analiza en este momento si debe reembolsar a Renovación Costarricense el dinero que ya le giró a la CCSS.
No obstante, el director del departamento, Ronald Chacón, dijo que no podía referirse a la situación “para no adelantar criterio”, dado que la recomendación que haga su oficina primero debe ser ratificada por los magistrados del Tribunal.
La tesorera del partido, Mavis Calderón, asegura que no hay razones para que el TSE cuestione ese cobro, ya que se trata de “cargas sociales comunes y corrientes”.
Añadió que la agrupación desconocía que la CCSS estuviera investigando la contratación de la periodista y que ahora será el Tribunal el que determine si el cobro es válido.
“Nosotros tenemos que pasar todos los documentos que nos dio la CCSS completos, no podemos decir esto sí y esto no. Pasamos todo y el Tribunal determina qué se paga y qué no, qué está bien y qué no. Entonces les toca a ellos”, expresó Calderón.