Adelantó que se analizan cambios en la fórmula, pero advierte que se harán análisis rigurosos de estados financieros de las empresas

Por: Juan Fernando Lara 15 julio
"El principio de servicio al costo no debe afectar al usuario, ni sostener ineficiencias", señaló el regulador al ser consultado sobre la insistencia del ICE de construir la planta hidroeléctrica El Diquís. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) considera esencial esa hidroeléctrica prevista para levantarse en Buenos Aires de Puntarenas. El proyecto, no obstante, está varado hace años.

San José.

Roberto Jiménez Gómez, regulador general de los servicios públicos, se declara inmune a presiones ante los continuos reclamos contra la metodología de cálculo en autobuses por parte de empresarios y hasta de diputados.

Esa metodología, que se aplica desde el año pasado, ha resultado en una serie de rebajas para varias empresas, razón por la cual los buseros elevan su protesta. Ya uno suspendió servicios por un día y luego renunció a una de sus rutas.

Tales presiones, dice Jiménez, son comunes y seguirán siéndolo, pero no lo desvelan. A la Aresep, recalca, "se le respeta en sus decisiones" porque son técnicas, independientes y apegadas a derecho.

Así lo expuso el jerarca de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) durante una entrevista con este medio. A continuación un resumen de la conversación.

-En su visita al Congreso a inicios de mes afirmó que la metodología para cálculo tarifario de autobuses está bajo examen y que ya se presentó un informe sobre eventuales cambios ante la Junta Directiva. ¿Cuáles serán los cambios?

-Eso está en Junta Directiva y el proceso viene desde antes de mi llegada al cargo (en mayo de 2016) porque había necesidad de actualizar una serie de coeficientes (aspectos que se toman en cuenta para hacer el cálculo de los pasajes) en el método. Variables como consumo de combustible por kilómetro, costo de filtros varios o reconocimiento de nuevos repuestos resultantes de mejoras tecnológicas en las partes de los autobuses.

-¿Y para cuándo se estarían introduciendo los ajustes y cómo afectará esto a los pasajeros?

-Esa es una decisión de la Junta Directiva y está ahí desde hace meses. Es un proceso de análisis que dicta actualizar información, de forma que los datos que tengamos (de la operación de las empresas de buses) sea suficiente, rigurosa y técnica.

-El empresario del servicio de buses de La Uruca, Raymond Salim Simaan Khachab, pidió el mes pasado a la Aresep un "aumento tarifario de rescate" y acudió a la comunidad de La Carpio a pedir a los usuarios de la ruta venir a la Aresep a pedir un aumento. ¿Está al tanto de estas presiones sobre los pasajeros?

-En general lo que hemos tratado es de asumir una posición activa con la Consejería del Usuario para empoderar a los usuarios, queremos desarrollar organizaciones de estos. Sí es cierto que comunidades con más desigualdad material pueden ser sujetas a algún grado de manejo por parte de algunos prestadores de servicios.

-La venta de autobuses usados que los empresarios sacan de operación se ha vuelto para ellos un ingreso paralelo a partir de un servicio público. Esa compra y venta impacta las tarifas cuando se trasladan las compras de autobuses nuevos. ¿Ustedes analizan eso?

-Eso tiene que ver con algo mucho más amplio, que es la política que define el ente rector sobre la gradualidad de renovación de una flota. Renovar de golpe el 100% de una flotilla con un costo que se traslada al usuario, no es positivo. La distribución del costo y cómo se le acepta esto al empresario se está analizando para que sea razonable.

"Ahora estamos tratando de desarrollar algo que llamamos contabilidad regulatoria para que, en todos los servicios públicos, podamos identificar todos los ingresos adicionales sin regulación que tengan las empresas.

"La idea es verificar cuáles gastos reportados se derivan de la prestación de un servicio público y cuáles no, para así saber cuándo rechazar (gastos en las tarifas). Vamos hacia un análisis e interpretación más riguroso de los reportes financieros y contables de las empresas.

-¿Entonces ustedes van a considerar en sus análisis tarifarios los negocios nacidos de servicios regulados?

-Lo que sucede es complejo. Hay otros ingresos que podrían tener algunos entes que, al momento de definir tarifa, deberían considerarse. Queremos avanzar en contabilidad regulatoria para considerar dichos ingresos no regulados que aparecen como complemento o directamente del servicio regulado. De hecho, este año empezamos ya a solicitar estados financieros a las empresas como requisito para fijar tarifas.

-Si como usted dice, el usuario de los servicios es la parte más débil en procesos para definir tarifas ¿qué cambios favorables al usuario de autobuses se aproximan?

-Es un conjunto de acciones. En autobuses, por ejemplo, estamos creando el llamado protocolo de demanda, el cual irá paralelo a eventuales cambios en la metodología de pasajes.

"Vamos a tener este protocolo para saber cómo y según cuáles criterios se pueden hacer estudios de demanda de pasajeros en las rutas. También afianzaremos por distintas vías el tema de cómo se cuentan los pasajeros. El protocolo será uno pero, además, habrá ajustes en la metodología en esa dirección. Medir la cantidad de personas es clave y es donde creemos que reside la información al definir tarifas.

-La Aresep es presionada por diputados de distintas fracciones y por los autobuseros ¿Cuánto de esta presión se desliza a las decisiones con que se ajustan la metodología de autobuses?

-Debemos ante todo esclarecer que nuestra prioridad es preservar la institucionalidad regulatoria que este país ha ido cultivando con la Aresep. Esta es una Autoridad que se respeta porque tiene potestad legal para regular servicios públicos.

"Quienes ejercemos este puesto, lo hacemos con el mejor interés en la sociedad en su conjunto, de forma técnica, rigurosa y estricta. De ahí emanan las decisiones, y no de las presiones de uno u otro sector que de por sí siempre estarán en el mismo juego. Esto es una función que debe hacerse con mesura, criterio y previniendo demandas judiciales por ejercer esta potestad.

-¿Y qué hay de la interposición de demandas o amenazas de hacerlo? ¿Influye al decidir cambios ?

-Es lamentable que los procesos regulatorios se lleven a tribunales. He planteado que debería existir algún grado de protección de los funcionarios y miembros de Junta Directiva, porque esto es muy delicado. Es la tranquilidad, bienes y recursos de las personas quienes viven de un salario o acuden ocasionalmente a Junta Directiva. Debería hacerse un arreglo legal en la Asamblea Legislativa para brindar la protección necesaria.

-¿Habla de inmunidad, dinero para juicios o ambos?

-Por ahí tiene que ir, o inmunidad o que por lo menos se financien los litigios. Hay un juicio donde hay monto muy importante.

-¿Cuánto?

-De ¢10 millones a ¢15 millones, ese caso. Esto cuenta mucho para el funcionario. Si hay litigios, que sea porque hay bases pero hemos notado un tendencia a que cualquier acto de la Autoridad se lleva a tribunales. Aquí bromeamos porque decimos que quienes reclaman algo siempre alistan un paquete completo donde incluyen la demanda aunque se les dé la razón.