Rafael Ortiz dictó una resolución de la Presidencia del Congreso donde establece que solo buques y aviones militares artillados deberán pedir permiso de los diputados para entrar a Costa Rica, no así los policiales, aduaneros o gubernamentales

Por: Aarón Sequeira 15 octubre, 2015
Diputados pidieron la comparecencia del canciller y de autoridades de seguridad aérea debido al ingreso de los cinco helicópteros militares no artillados del Gobierno de Estados Unidos. | SVA PARA LA NACIÓN.
Diputados pidieron la comparecencia del canciller y de autoridades de seguridad aérea debido al ingreso de los cinco helicópteros militares no artillados del Gobierno de Estados Unidos. | SVA PARA LA NACIÓN.

El presidente del Congreso, Rafael Ortiz, pretende autorizar el ingreso de naves extranjeras no artilladas, sean acuáticas o aéreas, sin necesidad de que los diputados aprueben su arribo en votación.

En una resolución anunciada a los demás diputados, Ortiz resolvió que solo las aeronaves militares artilladas o que porten "dispositivos militares ofensivos" deberán pedir el permiso de ingreso.

En el por tanto de su decisión, Ortiz considera que no requieren permiso de ingreso las aeronaves policiales, de aduanas o de Estado, "cuyo uso está destinado al cumplimiento de la ley por parte de autoridades policiales o de otra naturaleza".

Además, también pretende eximir de ese requisito a barcos y aviones que no sean de guerra, ni traigan tropas ni vengan artilladas.

Eso generó la reacción inmediata de los diputados del Frente Amplio, quienes se opusieron a dicha resolución de la Presidencia del Congreso.

Según la resolución de Ortiz, solamente la Dirección General de Aviación Civil debería conocer y también informar al Congreso sobre el ingreso de los aviones que sobrevuelen el espacio aéreo costarricense o toquen suelo nacional, aunque sea temporalmente.

El jerarca de la Asamblea Legislativa justificó su intento ante los demás diputados, bajo el argumento de que actualmente es un problema para el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como para Aviación Civil, la gestión de cientos y hasta miles de solicitudes de ingreso al país por año.

Ortiz advirtió que, de conocerse todos los permisos pendientes (actualmente cerca de 300), el plenario de la Asamblea tendría que trabajar todos los días de 7 p. m. a 10 p. m. y hasta los fines de semana para resolver las solicitudes.

El Frente Amplio apeló la decisión del jerarca legislativo, con apoyo de varios legisladores del Partido Acción Ciudadana (PAC), entre ellos Javier Cambronero y Ottón Solís.

Según Gerardo Vargas, jefe de la fracción del FA, el artículo 121 de la Constitución claramente les atribuye la obligación de aprobar o reprobar el ingreso de buques artillados al país.

"El presidente legislativo no puede una potestad que la Constitución delega en todos los diputados", dijo Vargas.

El artículo 5 de la Carta Magna establece como función de los legisladores lo siguiente: "Dar o no su asentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional y para la permanencia de naves de guerra en los puertos y aeródromos".

Ante la presión de los congresistas de esos dos partidos, el presidente legislativo aceptó la apelación e instó a los jefes de las nueve fracciones legislativas a abrir la discusión para resolver el problema.

El pasado 20 de setiembre, cinco helicópteros no artillados del Ejército de Estados Unidos sobrevolaron y aterrizaron en suelo nacional, sin el aval legislativo.

Ya desde julio del 2013, la Sala Constitucional había condenado al Estado por permitir que varios helicópteros tipo Black Hawk aterrizaran sin permiso de los diputados, en el marco de la visita del presidente estadounidense, Barack Obama.