PUSC y partidos minoritarios proponen vía rápida para sus planes de empleo público y pensiones

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y otras cinco fracciones legislativas minoritarias propusieron, este miércoles, una vía rápida para sus proyectos de ley en materia de contención del gasto, particularmente sobre empleo público y pensiones.

Esas agrupaciones presentaron a la corriente legislativa dos nuevas iniciativas, las cuales pretenden que se discutan en dos comisiones especiales y que se tramiten mediante la vía rápida establecida en el artículo 208 bis del Reglamento legislativo, el cual acorta los tiempos de discusión parlamentaria.

Según el jefe de fracción del PUSC, Johnny Leiva, esos dos planes no proponen cambios nuevos, sino que fusiona aspectos contenidos en otras 17 iniciativas de ley, en las que los socialcristianos tienen consenso con los diputados del Movimiento Libertario, del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), de Renovación Costarricense, Restauración Nacional y Alianza Demócrata Cristiana.

Esas bancadas insisten en que, antes de hablar de un incremento a los impuestos, primero se debe hacer reformas en materia de contención del gasto público.

Empleo y gasto.

Los 17 diputados que conforman esas seis fracciones proponen, en el expediente 19.923, proyecto de Ley para Racionalizar el Gasto Público, imponer un tope de un 1,94% a las anualidades y restringir las plazas del Estado que tengan derecho de cobrar la exclusividad.

También, se plantea un tope a los aumentos en los salarios de los funcionarios que ganan más de 18 salarios mínimos (unos ¢5 millones). En ese sentido, las alzas deberán ser iguales a la inflación.

Otro de los cambios es fijar un tope de la cesantía en ocho años.

En ese plan, además, se propone una mayor regulación a los beneficios de las distintas convenciones colectivas.

Pensiones.

En materia de pensiones, las reformas se aplicarían a los regímenes con cargo al Presupuesto Nacional y en el sistema jubilatorio del Poder Judicial.

Uno de los cambios es que en la Corte se calcule la pensión con base en los últimos 120 salarios y no 12, como se hace en la actualidad.

También se establece un tope a las pensiones de 12 veces el sueldo base más bajo pagado en la administración pública.