Por: Álvaro Murillo 9 septiembre, 2015

La escalada de violencia entre pobladores y supuestos invasores del territorio indígena Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas, motivó al Gobierno a triplicar la cantidad de policías en esa zona.

Unos 60 oficiales están destinados a resguardar, o intentar hacerlo, el territorio indígena que en días recientes ha sido escenario de balazos, pedradas, machetazos y quema de las viviendas.

Han sido, al menos, nueve los incidentes violentos registrados por las autoridades, informó el ministro de Comunicación, Mauricio Herrera.

“Hay preocupación”, reconoció el vocero del Gobierno en rueda de prensa, sobre un tema de lucha territorial desatado en el 2013, sin que hasta ahora haya a la vista solución a complejidades que mezclan uso de tierra, etnias y hábitos históricos.

El Gobierno urge a las instancias judiciales a tramitar las denuncias interpuestas por la Policía, con el afán de evitar que la impunidad agrave la situación, señaló Herrera.

También se formará una comisión que procurará el retorno de la calma y la solución de problemas como el de los desalojos, a cargo de la ministra de Justicia, Ana Cecilia Sánchez.

Desde meses atrás, representantes gubernamentales han tratado de mediar en el conflicto, motivado por el reclamo que indígenas hacen de tierras protegidas por la ley indígena de 1977 y que finqueros reclaman como suyas desde antes de aquel año.

El Ejecutivo asegura haber hecho todo lo posible por aplacar el conflicto, aunque no lo haya logrado. “Es muy complejo”, mencionó Herrera.

El caso de Salitre recibió, incluso, atención internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó en mayo al Estado costarricense un informe sobre las medidas de protección a indígenas de las comunidades de Salitre, un territorio que comprende 12.700 hectáreas.

De esa área, casi un 40% está en manos de no indígenas, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.