El presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Luis Antonio Sobrado, ve necesario que el país tenga una fiscalía especializada en investigar los delitos electorales.
La declaración la hizo en una entrevista con La Nación , en la cual afirmó que una unidad de ese tipo en el Ministerio Público vendría a robustecer las capacidades de control que tiene el país para prevenir la penetración del crimen organizado en los partidos políticos.
Actualmente, el Ministerio Público tiene varias fiscalías especialidades como las que conocen la materia agraria, los asuntos indígenas, el crimen organizado, y la justicia penal juvenil.
Pese a que Sobrado considera que el control del financiamiento de los partidos políticos se adecua a la realidad actual del país, el jerarca estima que una fiscalía especializada en delitos electorales capitalizaría todos los avances logrados con la entrada en vigencia de la reforma al Código Electoral, en setiembre del 2009,
Para él, una dependencia de este tipo permitiría concertar esfuerzos entre instituciones como el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y los bancos del Estado, para atajar con mayor eficacia dineros sucios que pretendan blanquearse a través de las campañas electorales.
“Yo creo que eso es necesario (crear la fiscalía especializada) para, desde el punto de vista punitivo, tener mayor capacidad de reacción frente a lo que pueda presentarse como indicios de que eso (penetración del crimen organizado en la política) puede estar pasando”, explicó Sobrado.
Prevención. El presidente del TSE señaló que si bien el Ministerio Público le toma importancia a los delitos relacionados con el financiamiento de las campañas, es necesario que el país refuerce su capacidad para investigar posibles hechos relacionados con la incursión del crimen organizado en la política.
“Ese es un riesgo que en otros países ya ha cobrado víctimas y que en el nuestro no nos podemos darnos el lujo de que ocurra. El tema va por el reforzamiento de las capacidades de control, construyendo sinergias entre diferentes dependencias públicas”, agregó.
El fiscal general, Jorge Chavarría, informó de que el Ministerio Público creó una Unidad de Delitos Electorales.
Ese órgano es el que tramita la investigación y lleva a juicio los casos en contra de los partidos políticos y está compuesto por un fiscal y un fiscal auxiliar.
La unidad se financió hasta el 2015 con un presupuesto extraordinario, ya en el 2016 entró a los gastos ordinario de la Fiscalía.
Sobrado celebró que, por ahora, solo haya indicios “marginales” de que el crimen organizado ha entrado a los partidos costarricenses.
A su juicio, la reforma electoral del 2009 creó un sistema “más que satisfactorio” en materia de control de las donaciones.
La nueva normativa, por ejemplo, prohibió que personas jurídicas (sociedades anónimas o empresas) donen a los partidos, y obligó a las agrupaciones a publicar, cada seis meses, las listas de sus contribuyentes.
Con el nuevo código, la Fiscalía logró, en el 2015, la condenatoria a prisión por estafa de tres expartidarios del Movimiento Libertario, por simular cursos de capacitación que se cobraron al TSE por la campaña del 2010.
Además, se sigue un juicio por presunta estafa en contra de dos militantes del Partido Acción Ciudadana (PAC), quienes, según la Fiscalía, simularon contratos por servicios especiales para cobrarlos al TSE a través de la deuda política.
En el periodo legislativo pasado, el diputado Jorge Gamboa Corrales, del PAC, presentó un proyecto de ley para crear la “Fiscalía Especializada de Delitos Electorales para Combatir el Clientelismo y otros Flagelos Nefastos para la Democracia Costarricense”, pero no encontró apoyo entre los diputados.