6 agosto, 2014

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) investigará el pago de ¢277 millones que el Partido Acción Ciudadana (PAC) hizo a uno de sus dirigentes, de manera innecesaria, por autentificar las firmas de los miembros del Comité Ejecutivo en los documentos de campaña.

Según el director de Registro Electoral del TSE, Héctor Fernández, un partido político nunca ha cobrado un monto tan alto por autentificar firmas, en el desarrollo de un proceso electoral.

El Tribunal revisará, con lupa, este gasto del PAC, cuando la agrupación presente su liquidación de gastos electorales, para lo cual tiene plazo hasta mañana jueves.

“Estará sujeto a investigación, una vez que tengamos la liquidación del PAC. Yo no me acuerdo que se haya reportado un gasto tan alto en campaña por un trámite tan específico como este”, declaró Héctor Fernández.

El abogado Sibaja cobró ¢15.000 por cada autentificación de firma, pero solo pedía ¢5.000 en efectivo por cada una. Los restantes ¢10.000 los reportó como donación en especie. Aun así, el monto pagado equivaldría a la certificación de más de 55.000 rúbricas.

El dirigente asegura que también confeccionó contratos con proveedores a ¢50.000 cada uno, pero no precisó cuántos.

Fernández reafirmó que el PAC pudo prescindir del servicio de autentificación de firmas en el envío de documentos para solicitar, por ejemplo, permisos para celebrar mítines electorales.

Sin firma. Añadió que Acción Ciudadana fue la única agrupación que no pidió al TSE la firma digital, que permitía hacer trámites sin necesidad de presentar rúbricas autentificadas.

La clave en línea sí la utilizaron las otras 12 agrupaciones que participaron en la primera ronda electoral del 2 de febrero, así como Alianza Patriótica que solo participó en los comicios para diputados.

Otra opción para evitar la certificación de rúbricas es la entrega de un poder especial a una persona para que presentara los documentos al TSE.

La eventual revisión de estos gastos por el TSE podría arrojar varios resultados. Uno es que todo esté en regla y se autorice el pago, como parte de la contribución estatal para el Partido Acción Ciudadana.

Otro es que se rechace el pago y se profundice una investigación sobre el origen de ese cobro.

Partidos como el Frente Amplio y la Unidad Social Cristiana (PUSC) confirmaron que no incurrieron en gastos altos por autentificación de firmas.