San José
Los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), deploraron las declaraciones de la cúpula del Partido Patria Nueva donde se acusa a la entidad de incurrir en prevaricato y fraude electoral por restituir a Álvaro Montero Mejía como candidato a diputado por la provincia de San José.
Reclamo. José Miguel Corrales, candidato a la presidencia de la República, y Óscar Aguilar Bulgarelli, aspirante a la segunda vicepresidencia en la fórmula de Patria Nueva, se basaron en una denuncia anónima para afirmar, además, que el presidente del alto tribunal, Luis Antonio Sobrado, intercambió correos con el expresidente de la República, Óscar Arias, en los cuales se mencionan acciones para presuntamente perjudicar a la fuerza corralista.
“Rechazamos esas afirmaciones por ser totalmente contrarias a la verdad. El órgano electoral costarricense es un tribunal de derecho y sus magistrados son jueces que fallan los asuntos sometidos a su conocimiento en estricto apego al ordenamiento jurídico de la República”, se lee en el pronunciamiento del TSE.
Árbitro no se ataca. Los jueces electorales afirmaron rechazar profundamente los “ataques sin fundamento” que les dirigió Corrales, por su decisión de devolver a Montero Mejía la diputación.
“Deploramos que dicha decisión unánime de los magistrados, sobre un conflicto interno de ese partido político (Patria Nueva), sea utilizada ahora como excusa para atacar, sin fundamento alguno, la imparcialidad y probidad de la magistratura electoral”, reclamaron.
Cuestionar al “árbitro”, como herramienta político electoral, continuaron los magistrados, riñe con los fundamentos éticos básicos que deben tener quienes participan en la contienda por la presidencia de la República y “lastima la más genuina aspiración ciudadana por que la campaña política sea aprovechada por los candidatos y partidos para explicarle a los costarricenses, con claridad, cuáles son sus ideas y propuestas para la solución de los problemas nacionales”.
Patria Nueva adelantó que prepara una denuncia formal ante los Tribunales de Justicia contra el presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado.