Funcionario alegó que sin ¢10 millones de sueldo no cubre familia y deudas

Por: Natasha Cambronero 27 septiembre, 2016
Guillermo Quesada Oviedo fue despido como subgerente general del BCR, el pasado 8 de enero, mediante un acuerdo unánime de la junta directiva de esa entidad bancaria. | ARCHIVO/DAVID VARGAS
Guillermo Quesada Oviedo fue despido como subgerente general del BCR, el pasado 8 de enero, mediante un acuerdo unánime de la junta directiva de esa entidad bancaria. | ARCHIVO/DAVID VARGAS

Para que pueda costear la manutención de tres de sus seis hijos con un salario de ¢10 millones brutos, el Tribunal Contencioso Administrativo ordenó al Banco de Costa Rica (BCR) restituir en su planilla al subgerente general, Guillermo Quesada Oviedo, quien fue despedido por faltas graves.

Así lo dictó la jueza Karen Calderón el 17 de agosto, ante una solicitud de medidas cautelares presentada por el subgerente, quien impugnó la decisión unánime de la Junta Directiva del BCR de destituirlo por pérdida de confianza.

Quesada fue cesado el 8 de enero sin responsabilidad patronal, al encontrársele responsable de cuatro hechos que los directores consideraron contrarios al Código de Ética Corporativo del Banco.

No obstante, el Tribunal Contencioso ordenó su retorno al BCR, como medida cautelar, mientras se resuelve la demanda que el subgerente presentó este lunes ante ese mismo estrado, en la que pide la anulación del proceso administrativo que condujo a su destitución.

La jueza argumentó que, si él no recibe el salario del Banco, se le puede causar un daño grave a los tres hijos menores de 25 años que dependen de esos ingresos para subsistir.

Con base en los alegatos económicos presentados por el funcionario bancario, la resolución 1829-2016-T concluyó: “En criterio de esta juzgadora, los tres hijos del señor Quesada Oviedo dependen económicamente de él y, en virtud de ello, la supresión del ingreso que recibía como subgerente del BCR causa un daño grave, directo y verificable al actor desde el punto de vista personal, pero ampliado a su núcleo familiar”.

Quesada alegó que su sueldo de ¢10 millones brutos es el único ingreso que percibía y que, sin él, no podría sostener a sus tres hijos, sus dos exesposas y a su actual pareja, al tiempo que tampoco podría hacerle frente a las deudas que tiene por ¢188,6 millones.

Añadió que su salario neto es de ¢7,8 millones y que, de ese monto, solo le quedan libres unos ¢200.000, pues al mes debe pagar ¢4,4 millones en cuotas bancarias por préstamos y tarjetas de crédito y que invierte ¢3,2 millones en gastos familiares como manutención, servicios públicos, cable, Internet, impuestos, club social, seguros y estudios de cuatro de sus seis hijos.

El abogado de Quesada, José Pablo Badilla, asegura que es imposible que su defendido tenga otra fuente de ingresos, pues ha dedicado 35 años de vida a trabajar para el Banco.

Según Badilla, el subgerente fue víctima de una persecución de la nueva administración del BCR para que dejara su puesto y que el dictado de las medidas cautelares, es una prueba de que el proceso en el Contencioso Administrativo tiene sustento legal.

"Si fuera solo por eso, tendrían que reinstalar a todos los despedidos, todos tienen la misma situación económica, a don Guillermo sí (se le ordenó la restitución), porque él tuvo el elemento más importante, que es la buena apariencia de derecho, o sea, no solo debe tener usted las necesidades, sino que tiene que tener una demanda muy consistente", José Pablo Badilla, Abogado de Quesada

Los casos. La Junta Directiva del BCR ordenó el despido de Guillermo Quesada luego de un proceso administrativo, el cual estuvo a cargo del apoderado judicial del Banco, Mauro Murillo.

En el informe final, al subgerente se le achacaron cuatro faltas graves.

Se le cuestiona que haya intercedido en favor de un “hermano” y su pareja para obtener un crédito de vivienda aunque no cumplía los requisitos, y que les autorizó una serie de exoneraciones para ese financiamiento que no estaban vigentes. Los libró de pagar los honorarios y el avalúo.

También, se le atribuyó que otorgó dos préstamos, vía tarjeta de crédito, a una empresa que había sido descalificada por una comisión de crédito interna.

El tercer hecho fue haber autorizado el traslado de una sucursal en Alajuela, de un centro comercial a otro, en una servilleta y sin los trámites previos.

Y por último, se le achaca haber ampliado el arrendamiento de un hotel propiedad del BCR a un inquilino que una comisión institucional había desechado y catalogado de incómodo, en vista de que amenazó con desmantelar el inmueble ubicado en Liberia, Guanacaste.

Badilla, el abogado de Quesada, afirmó que su defendido siempre actuó a derecho.

“Los cuatro (hechos) que se le intiman a don Guillermo son cuatro conductas que no tienen nada ilegal, la Sugef (Superintendencia General de Entidades Financieras), como órgano técnico, hubiese dicho que esto es totalmente apegado a derecho, pero nunca se le consultó”, enfatizó Badilla.

"Los hechos imputados son gravísimos y son suficientemente comprobados que justifican su remoción (...). El señor Quesada No puede alegar daño con el despido, pues es algo que provocó con la comisión de las faltas, que el banco no ha buscado dañar al actor, sino que debió actuar ante denuncias, por la gravedad de los hechos", Mauro Murillo, Apoderado Judicial del BCR

Apelación. Actualmente, la sentencia del Contencioso Administrativo se encuentra apelada por el apoderado judicial del BCR, Mauro Murillo, quien el pasado 24 de agosto pidió revocar la restitución de Quesada. Tal solicitud se resolverá el próximo viernes en una audiencia a las 9 a. m..

En la apelación, Murillo asegura que es falso que Quesada no tenga recursos para afrontar sus deudas y mantener a su familia. Afirmó que él recibió aproximadamente ¢350 millones del banco correspondientes a los aportes que tenía en la asociación solidarista –después de 35 años de laborar en el banco– y en el fondo de garantías y jubilaciones.

“(Ese) monto supera considerablemente al detallado por la juzgadora como el total de las deudas del actor señor Quesada Oviedo (…). Este dinero (los ¢350 millones) tiene la función de ayudar a mantener sus obligaciones personales mientras puede conseguir un nuevo empleo u ocupación”, expresó el abogado del BCR en la apelación.

Tal aseveración es refutada por Badilla, quien asegura que ese dinero no puede ser usado por su defendido, ya que esos recursos forman parte de un fondo de jubilación que son intocables.

“Esa plata no es de don Guillermo, es plata de su vejez, ¿qué pasa si don Guillermo se come esa plata ahora? Se está comiendo su vejez, se queda sin una pensión. De hecho, esa plata don Guillermo la puso en otro fondo complementario de pensiones, la pasó a Coopeservidores, para no tener una vida precaria en el futuro”, dijo Badilla en una entrevista telefónica con La Nación .

Agregó que el hecho de los gastos familiares no fue lo único que pesó en el establecimiento de las medidas cautelares en favor de Quesada, sino también que la demanda tiene sustento legal.

“Si fuera por eso, tendrían que reinstalar a todos los despedidos, todos tienen la misma situación económica, a don Guillermo sí (se le ordenó la restitución), porque él tuvo el elemento más importante, que es la buena apariencia de derecho, o sea, no solo debe tener usted las necesidades, sino que tiene que tener una demanda muy consistente y que permita bajo una cosmovisión rápida, verificar que va a proceder la demanda”, declaró Badilla.

El proceso administrativo contra el subgerente general se inició en octubre del 2015, luego de un informe de la Gerencia de Seguridad del Banco titulado: “Investigación administrativa sobre irregularidades presuntamente cometidas por el servidor Guillermo Quesada Oviedo”.

Desde ese entonces, mientras se realizaba el proceso en su contra a lo interno del Banco, Quesada fue suspendido de su cargo, con goce de salario, por acuerdo de la Junta Directiva.

El porqué de la destitución

A raíz de cuatro hechos, que fueron catalogados como faltas graves, la Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR) acordó destituir, sin responsabilidad patronal, el 8 de enero del 2016, al subgerente general Guillermo Quesada Oviedo. El acuerdo fue unánime. Este es un resumen de los hechos que se le achacaron:

Autorizó trasladar sucursal en una servilleta

En febrero del 2015, el subgerente firmó en una servilleta un acuerdo para trasladar una sucursal del BCR en Alajuela de un centro comercial a otro. Suscribió el documento informal en “un almuerzo o cena”, según relató una de las personas que se presentó al Banco para hacer efectivo el acuerdo. Según la comisión que se encargó de investigar los hechos, Quesada Oviedo omitió realizar los trámites que el Banco establece que se deben ejecutar antes de suscribir cualquier compromiso. Él nunca negó la veracidad del acuerdo ni envió una comunicación interna, advirtiendo de que el documento fuera falso. Al respecto, José Pablo Badilla, abogado de Quesada, respondió: “La servilleta no existe, es mentira, es un montaje. Ahora, nosotros decimos que, aun cuando hubiere existido una servilleta, nadie puede hacer un contrato en una servilleta, ese es un tema totalmente inventado por el Banco. Curiosamente, la administración del Banco no alquiló dos locales, como había negociado don Guillermo en el nuevo mall de Alajuela, sino cuatro, entonces, ¿cuál es el perjuicio si don Guillermo lo único que hizo fue hablar con el dueño de aquel momento porque hay una normativa del Banco, de que debe tener presencia en los puntos de venta más importantes de Costa Rica?”.

Préstamo para un 'hermano'

A finales del 2014, Quesada pidió gestionar un crédito de vivienda para un hermano y la pareja, a pesar de que una analista concluyó que el préstamo no procedía, entre otras razones, porque la codeudora no cumplía el requisito de tener al menos un año de laborar para un mismo patrono. También, ordenó que se le aplicaran los beneficios de cero costo de avalúo y cero honorarios del notario, aunque la oferta que permitía estas exoneraciones había expirado un mes antes de que se autorizara el crédito. Omitió además que, según las reglas del BCR, para un avalúo inferior a $250.000 se debían utilizar peritos externos, como ocurrió en este caso. El abogado dijo sobre este caso: “No es un hermano de sangre, es un hermano afectivo, fueron compañeros en la universidad, fueron muy amigos. Entonces don Guillermo dice que es un hermano afectivo, pero, en todo caso, don Guillermo no incidió en nada de él”.

Autorizó a empresa créditos que habían sido rechazados

En noviembre del 2014 autorizó abrir una nueva tarjeta crédito por $20.000 (¢11 millones) a una empresa que el Comité de Crédito había ordenado cancelar y eliminar del sistema de la tarjeta de crédito empresarial. Ese órgano también alertó de que si esa firma necesitaba un financiamiento mayor, se debía revisar el tope de endeudamiento, pues ya debía ¢1.815 millones. Incluso, dos meses después, en enero del 2015, Quesada aumentó el límite de crédito de esa empresa, vía tarjeta de crédito, en ¢50 millones adicionales. Esas dos ampliaciones de financiamiento se hicieron sin que conste que se hayan hecho los estudios previos. El abogado argumentó: “Le permitió un sobregiro porque esa gente tenía una línea de crédito con el BCR de $2 millones y les urgía que le adelantaran $50.000 para pagar vinos, entonces don Guillermo lo autorizó. Pero eso toda la vida se ha hecho, que lo manden a la Sugef para que vean que eso está dentro de las potestades del subgerente”.

Amplió comodato pese a criterio negativo

En julio del 2013, Quesada amplió el contrato de arrendamiento de un hotel propiedad del BCR, en Guanacaste, por dos años más, a pesar de que la Comisión de Bienes Adquiridos del BCR ya había decidido no ampliar el comodato a los inquilinos. Por solicitud de Quesada, la adenda la redactó un funcionario sin preparación jurídica y sin ningún cargo en el Departamento de Bienes Adquiridos. Nunca apareció el documento original de la adenda, ni la autorización previa de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) o de la Dirección Jurídica del BCR. Tampoco fue consultado el entonces gerente general del Banco, Mario Rivera, quien más bien se había opuesto a prorrogar el arrendamiento. El abogado sostiene: “A él se le intima el hecho de haber firmado una prórroga a un comodato, pero, a criterio de nosotros, esa prórroga es totalmente legal y entra entre las competencias de la Subgerencia y de la experticia banquera. Si le hubiesen dado audiencia a la Sugef, la Sugef, como órgano técnico, hubiese dicho que esto es totalmente apegado a derecho”.