Diputados le consultaron sobre respaldos en préstamo para importar cemento desde China

Por: Aarón Sequeira, Gerardo Ruiz R., Natasha Cambronero 12 septiembre
El jerarca de Sugef, Javier Cascante (centro) comparece ante los diputados para aclarar aspectos técnicos sobre los millonarios créditos que ha otorgado el BCR para firmas como Sinocem y Coopelesca.
El jerarca de Sugef, Javier Cascante (centro) comparece ante los diputados para aclarar aspectos técnicos sobre los millonarios créditos que ha otorgado el BCR para firmas como Sinocem y Coopelesca.

San José

El superintendente general de entidades financieras, Javier Cascante, afirmó que el sistema bancario nacional ha otorgado a privados créditos superiores a los $30 millones sin que los bancos hayan pedido algún tipo de garantía, como un seguro de caución.

La afirmación la hizo el jerarca de la Sugef ante los diputados de la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios del Congreso, cuando el diputado Ronny Monge, de Liberación Nacional (PLN), le consultó si era normal que un financiamiento como el que el Banco de Costa Rica (BCR) le otorgó a la importadora de cemento chino, Sinocem Costa Rica, propiedad del empresario Juan Carlos Bolaños, estuviera respaldada nada más por una caución, que es una póliza de seguros similar a una fianza.

"Hay operaciones mucho mayores a esa que no tienen garantía, pero el riesgo lo asume el banco. La garantía no es elemento fundamental al otorgar un crédito, sino, la capacidad de pago del cliente", afirmó el superintendente.

La diputada Patricia Mora, del Frente Amplio, pidió a Cascante contestar si es normal que el presidente de la junta directiva de un banco intervenga en un crédito específico y si es apropiado que dé seguimiento especial a la ejecución de ese crédito.

A esto, el experto afirmó que una acción de ese tipo no es ni normal ni técnicamente sana.

Mora hizo la consulta porque el subgerente del BCR, Andrés Víquez, dijo a los congresistas en días pasados que Paola Mora, ahora expresidenta de la Junta Directiva del banco, lo contactó en varias ocasiones para darle seguimiento al préstamo que el Comité de Crédito le aprobó a Sinocem.

"Sí sería correcto que un directivo le dé seguimiento a la cartera de créditos y que pida información a la administración para conocer qué tan sana está la cartera", contrastó el jerarca de Sugef.

Y agregó la gestión se debe limitar a dos funciones: "dictar buenas políticas bancarias y darles seguimiento".

La comparecencia de Cascante estaba enmarcada en la investigación legislativa sobre los créditos a Sinocem, por $25 millones, para la importación de cemento chino, y a Coopelesca, por $32,7 millones, para la compra de una hidroeléctrica en Aguas Zarcas a la empresa Holcim.

Sin embargo, el superintendente dijo que no podía referirse a casos en específico porque infringiría el artículo 132 de la Ley Orgánica del Banco Central, el cual le prohíbe referirse a "operaciones puntuales de los órganos supervisados". Violentar esa prohibición, dijo, significaría una sanción penal.

Empresario Bolaños con parentesco en Conassif

Durante la comparecencia, el diputado Julio Rojas, del PLN, le preguntó a Javier Cascante si estaba enterado de que una de las directoras del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) es familiar de la esposa del empresario Juan Carlos Bolaños.

Se trata de Laura María Suárez Zamora, quien es prima de Ana Laura Suárez Aguiar, según consta en la base de datos del Registro Civil. En su intervención, Rojas dijo que era la tía.

Ante la consulta del legislador liberacionista, sobre si conocía de la relación de la directora de Conassif con Bolaños, Javier Cascante dijo que se enteró días antes, al 15 de julio, cuando ella presentó una carta al Consejo en la que anunciaba que a partir de ese momento se inhibía de conocer aspectos relacionados con los créditos del dueño de Sinocem Costa Rica.

"Cuando se discutió el tema, ella salía de la sesión. Yo me enteré días antes cuando ella anunció que iba a presentar la nota y creo que hasta consultó el tema con la asesoría jurídica del Consejo", declaró el superintendente de Entidades Financieras a los diputados.

Faltas al Código de Ética

El titular de la Sugef reiteró ante los diputados que la Junta Directiva del BCR no estaba cumpliendo su propio código de ética del Gobierno Corporativo. Así lo reconoció ante una pregunta del liberacionista Julio Rojas.

Esa declaración es consonante con la carta que Cascante le dirigió a la presidenta del banco, Mónica Segnini, el 24 julio pasado, en la cual advierte de un aumento en el riesgo de los negocios y el funcionamiento del BCR por un debilitamiento del Gobierno Corporativo.

"Contrario a las mejores prácticas bancarias, esta Superintendencia ha podido constatar que, en las últimas semanas, se observa un debilitamiento del gobierno corporativo del BCR, atribuible a la gestión de su órgano de dirección", señala ese oficio de carácter confidencial.

"De no corregirse, existirá sin duda alguna menoscabo en la gestión de negocios que impactarán la situación financiera y económica de la entidad", añadió Cascante en la nota.

El superintendente también habló sobre la necesidad de que los directivos bancarios sean idóneos para el cargo, porque las políticas que se emitirían serían más efectivas que cuando la gente no tiene experiencia en la gestión bancaria.

En ese sentido, les dejó a los diputados un proyecto de ley para fortalecer el nombramiento de juntas directivas y que pueda ser el dueño del banco el que tome la decisión de remover a un directivo que no funcione.

En la actualidad, la Sugef tiene que abrir un procedimiento administrativo y con base en los resultados de esa investigación, el Consejo de Gobierno toma la decisión.

Él además dijo, sin especificar casos, que las publicaciones recientes sobre créditos del BCR, han ocasionado una mayor supervisión en esa entidad bancaria; no obstante, descartó que lo que esté ocurriendo allí esté provocando un "daño sistémico" en el resto del sistema finaciero nacional.

Afirmó que en este momento se realizan varias investigación y que una vez concluidas, trasladarán los resultados a las autoridades bancarias y si es necesario, al Ministerio Público.