Por: Esteban Mata Blanco 14 julio, 2015

“Si la Casa Presidencial decidió separar de su cargo a los asesores, eso conlleva que los jerarcas de otras instituciones hagan lo mismo”, dijo la subjefa de fracción del PAC, Nidia Jiménez, sobre lo que, a su criterio, debe suceder con los dos asesores legislativos involucrados en el escándalo que rodea a la Juventud Progresista.

Jiménez resumió así su posición frente a la decisión que deberá tomar la bancada legislativa con los colaboradores mencionados en un documento que plantea el uso de recursos políticos del Gobierno, para el beneficio de su agrupación política.

Eduardo Solano es asesor del jefe de fracción. | DIANA MÉNDEZ
Eduardo Solano es asesor del jefe de fracción. | DIANA MÉNDEZ

Se trata de los asesores Eduardo Solano (quien trabaja para el jefe de fracción, Marco Redondo) y de Óscar Jiménez, quien se desempeña en el equipo de asesores de la bancada oficialista.

Ellos, junto con la asesora del IMAS, Marcela Ávila; al consejero de Mideplán, Fabián Solano, así como los funcionarios del Ministerio de la Presidencia, Randall Céspedes, Mariano Salas, Cindy Taco y Éder Artavia, participaron en una reunión de la Juventud Progresista, en la cual se planteó la necesidad de “aprovechar los recursos políticos de Gobierno para beneficio partidario”.

La revelación de este contenido desató un polvorín político durante el fin de semana, en una asamblea de la agrupación, que desembocó en la destitución de los seis consejeros, quienes laboraban directamente para el Poder Ejecutivo.

Jiménez calificó de “comprometedor” el documento, ante lo cual insistió en que si la Presidencia tomó la decisión de separar a los jóvenes ligados al Poder Ejecutivo, en el Congreso debería suceder lo mismo.