Por: Esteban Oviedo 26 octubre, 2015
Ayer, el abastecimiento de combustible transcurrió con normalidad, como en esta gasolinera junto a la ruta 32, en San José. | JOSÉ CORDERO
Ayer, el abastecimiento de combustible transcurrió con normalidad, como en esta gasolinera junto a la ruta 32, en San José. | JOSÉ CORDERO

El presidente, Luis Guillermo Solís, afirmó ayer que su gobierno no permitirá la interrupción de servicios públicos en la huelga anunciada para hoy por el grupo sindical Patria Justa.

“Mañana (hoy) hay anunciada una huelga del colectivo Patria Justa y, sin embargo, se ha estado caracterizando durante las últimas horas por una retórica que no corresponde al espíritu que debe acompañar a la protesta social, especialmente porque pareciera dirigida a justificar lo injustificable, que es una huelga indefinida que puede afectar los servicios públicos del país”, dijo Solís.

Según el mandatario, su administración ha sostenido diálogo con los sindicatos y espera poder atender sus solicitudes, pero todo tiene un límite.

“Esta protesta es tan legítima como cualquier otra, pero quiero invitar al movimiento social para que esa protesta no vaya más allá de los límites razonables que la sociedad está dispuesta a tolerar (...). Se está perdiendo la paciencia en la gente con respecto a quienes se paran en la escoba cuando no se deja barrer”.

“La raya está marcada y la raya es el servicio que no puede ser interrumpido para el colectivo nacional y, en esa medida, comprometo los esfuerzos del Gobierno para garantizar que esos servicios no se interrumpan y que no se interrumpan de manera indefinida”, enfatizó el presidente.

“Si se hace, si ocurriera, que cada palo aguante su vela, que yo aguantaré la mía, la que me toca”, agregó.

La huelga se produciría en los servicios de distribución de combustibles, muelles de Limón y energía y telecomunicaciones.

El movimiento lo integran sindicatos de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Los grupos sindicales pretenden paralizar servicios para defender los derechos salariales y laborales que han adquirido.

Sobre las medidas que tomaría su administración, Solís dijo que serán las necesarias para impedir que el derecho a la protesta “se desborde y tenga un efecto negativo, indeseable sobre la vida de la gente que tiene que trabajar y que quiere hacerlo”.

Dijo que no es necesario puntualizar las acciones, pues no descarta ninguna que esté al alcance del Estado.

Solís insistió en que, apenas la semana pasada, Casa Presidencial recibió a líderes de Patria Justa, para escuchar sus peticiones: “El diálogo parte de una realidad: la comunidad nacional demanda que los servicios públicos no se interrumpan y el Gobierno tiene la obligación de que eso no ocurra y la vamos a ejercer”.“Cuando miro las manifestaciones que algunos dirigentes han hecho, en donde se deja flotando en el ambiente la posibilidad de una huelga indefinida, quiero advertir de que no estamos para eso. Costa Rica no está para estar debatiendo la posibilidad de que la gente tenga sus servicios y es obligación del Gobierno garantizar que esos servicios sean llevados hasta la ciudadanía de forma normal”, sostuvo.