Solís compartiría puestos en juntas directivas con partidos o sectores

Solís rechaza aplicar la llamada ley 4-3, que faculta a cada gobierno a designar, cuando asume el poder, a cuatro de los siete directivos de entidades públicas, incluido el presidente ejecutivo.

En juego está la selección de las personas que toman las decisiones a más alto nivel en instituciones como Acueductos y Alcantarillados (AyA), Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) o el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).

El futuro mandatario considera que debe cambiarse la práctica establecida por esa ley.

“Me parece que esa lógica es la lógica de la vieja política bipartidista y yo procuraría, en una actitud mucho más cónsona con lo que espera la gente, nombrar a gente de todos los partidos en una proporción adecuada para que manejen las juntas directivas según la conveniencia nacional y no según la línea de un partido político”, dijo.

Al preguntársele qué parámetro usaría para distribuir estos cargos entre partidos, no precisó si sería el número de diputados de cada grupo o su caudal electoral.

“Lo que creo es que debe haber sensatez por parte del Gobierno para que las personas que estén puedan constituir mayorías sin necesidad de imponer un punto de vista absoluto”, comentó.

“El 4-3 es el prototipo del tipo de acuerdo que existió cuando dos partidos se pasaban el poder de forma casi perfecta, alternándolo cada cuatro años. Ya eso no va más; entonces podríamos buscar otra fórmula para que sea más representativa, nombrando qué sé yo, miembros de los consumidores de los servicios, por ejemplo”, añadió.

Origen. Solís también dijo desconocer si realmente existe la ley 4-3 o es una “leyenda urbana”.

“Todavía algunas personas insisten en que no hay tal ley, que es un decreto-ley. Si es un decreto-ley se puede cambiar; si no, veremos qué pasa”, comentó Solís.

Indicó que tendrá tiempo para analizar el tema. Por ahora está enfocado en terminar de conformar su gabinete; el próximo lunes anunciará los puestos pendientes.

Sin embargo, la 4-3 sí existe. Se trata de la Ley N.° 4646 que “Modifica Integración de Juntas Directivas de Instituciones Autónomas”.

Fue aprobada en octubre de 1970 y también faculta a la administración a designar los miembros de las directivas de los bancos públicos.

Según esa legislación, el Gobierno debe nombrar al presidente ejecutivo de cada entidad por un periodo de cuatro años y a tres (de 7) directivos por un plazo de ocho años.

La procuradora Magda Inés Rojas sostuvo que, ante la vigencia de la norma, el futuro Gobierno no podría derogar los nombramientos hechos hace cuatro años, a menos de que se reforme la ley.

Danilo Chaverri, exministro de la Presidencia, recordó que la normativa se aprobó porque los Gobiernos solían hacer “mesa gallega” con las directivas de las instituciones. Fue, dijo, una forma de repartir el poder entre partidos.

Así, cada vez que empezaba un gobierno, cuatro directivos (incluido el jerarca) pertenecían al partido en el poder y tres al anterior.

Sin embargo, añadió Chaverri, la lógica de la ley se desvirtuó cuando hubo Gobiernos consecutivos de un mismo partido.

En el caso actual, por ejemplo, Luis Guillermo Solís sustituiría los nombramientos que hizo Óscar Arias, pero continúan los que hizo Laura Chinchilla.

El diputado del Movimiento Libertario, Otto Guevara, afirmó que en el 2010 Chinchilla acogió dos recomendaciones de su partido, luego de que su agrupación y Liberación Nacional (PLN) firmaron un pacto de gobernabilidad.

Se nombró, por ejemplo, a la actual diputada libertaria Carmen Quesada en la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

De acuerdo con la procuradora Rojas, algunas de las instituciones más importantes cuentan con leyes diferentes para conformar sus juntas directivas. Tal es el caso del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La Junta Directiva de la CCSS, por ejemplo, se nombra por sectores. Debe tener representación del Gobierno, patronos y trabajadores.