Víctor Morales Zapata intentó este lunes, de nuevo, tener una acogida normal en la reunión de la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), pero se topó con que siete de los 12 diputados se levantaron y se marcharon, molestos por su presencia en ese encuentro.
Esos congresistas tomaron sus cosas y se fueron a la oficina de la alajuelense Nidia Jiménez, donde firmaron una carta dirigida al jefe de la fracción oficialista, Marco Redondo.
En la nota amenazaron con no volver a la reunión de la bancada oficialista “mientras en esta esté presente el diputado Víctor Morales Zapata”.
“Hemos sido consecuentes y hemos cumplido con lo dispuesto por el órgano de mayor jerarquía de nuestro partido”, se lee en el documento, en referencia al acuerdo de la Asamblea Nacional del PAC, vigente desde enero del 2014, de no reconocer como parte de esa agrupación a Morales Zapata.
El pecado que le cobran al legislador es no haber informado, antes de ser elegido como candidato a una curul, que tuvo una acusación penal en 1994 relacionada con el manejo de dineros del Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop) y para la cual tuvo que conciliar.
La carta tiene las firmas de Nidia Jiménez, Marlene Madrigal, Epsy Campbell, Marcela Guerrero, Franklin Corella, Marvin Atencio y Ottón Solís.
Corella exige que la fracción no acoja al diputado hasta que la Asamblea Nacional discuta el informe sobre su caso, mientras que Morales Zapata acusa a Corella de usar su poder para evitar que ese órgano se reúna.
Este sábado, las ausencias evitaron el cuórum de la Asamblea Nacional del PAC, pero la presidenta del partido, Margarita Bolaños, aseguró que las casi 20 bajas de delegados ya están resueltas para la próxima cita.
Para Corella, las opciones de la fracción ante el caso de Morales Zapata son que la Asamblea revoque el castigo que se había decidido de desconocerlo como parte de la bancada legislativa, o bien, que el congresista acuda al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y que sea este órgano el que decida si los acuerdos de la Asamblea Nacional, acatados por los legisladores oficialistas, son válidos o no.