Un fallo de la Sala IV, emitido este miércoles, sepultará la causa penal que estaba pendiente contra el exministro de la Presidencia, Rodrigo Arias Sánchez, por la forma en que se manejaron los fondos del BCIE en el segundo gobierno de su hermano Óscar Arias Sánchez (2006-2010).
El 22 de agosto del 2012, el Juzgado Penal de San José dictó un sobreseimiento en favor de Arias; es decir, descartó elevar el caso a juicio al no encontrar pruebas suficientes para justificar un juicio. Sin embargo, esa sentencia no quedó en firme a la espera de que la Sala resolviera una acción de inconstitucionalidad.
El diputado libertario Otto Guevara y la Procuraduría de la Ética apelaron la decisión cuatro días después de la sentencia del 2012. Asimismo, solo dos días después del fallo, Guevara presentó la acción contra el artículo 30 del Convenio Constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con la intención de que el Juzgado obtuviera pruebas adicionales para sopesar el caso.
Ese artículo establece que los archivos del Banco son inviolables y gozan de inmunidad absoluta.
La imposición de la acción impidió que, por cuatro años y tres meses, el Juzgado resolviera el fallo que sobreseyó de manera definitiva al exministro Arias por las asesorías que el gobierno ordenó pagar a abogados, periodistas, un mensajero y hasta un músico, sin pasar por los controles de contratación del Estado, con $1,6 millón de los $2 millones que el BCIE puso a disposición de esa administración.
El Juzgado había descartado los supuestos delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, reconocimiento ilegal de beneficios laborales y fraude de ley.
Este miércoles, la Sala Constitucional, por unanimidad, declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad que impedía dejar en firme la sentencia, por lo que ahora el mismo Guevara y Arias prevén que se archivará el expediente.
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Fondos internacionales. Los magistrados concluyeron que los bienes y activos del BCIE no forman parte de la hacienda pública y, por ende, están fuera de los controles internos del país.
El magistrado instructor del caso, Luis Fernando Salazar, dijo a La Nación que el análisis se basó no solo en lo estipulado en el artículo 30 del Convenio, sino también en lo que señala el numeral 29.
El inciso 29 establece que "los bienes y demás activos del Banco, donde quiera que se hallen y quien quiera que los tuviere, gozarán de inmunidad con respecto a comiso, secuestro, embargo, retención, remate, adjudicación o cualquier otra forma de aprehensión o de enajenación forzosa, mientras no existiere sentencia firme contra el Banco".
"Para la Sala Constitucional, el BCIE es parte de ese tratado internacional de integración económica y, por ende, el control que se pueda hacer sobre esos bienes, está excluido del concepto de hacienda pública al que pertenecen los otros bienes. En otras palabras, son del derecho internacional público, o sea, que son internacionales", explicó Salazar.
El magistrado agregó que tomaron como referencia pronunciamientos similares de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Tardanza. Arias dijo sentirse contento con la decisión de la Sala IV, pero lamentó que tardara tanto tiempo en tomar una decisión en un caso, que a su juicio, era sencillo.
"Yo me siento tranquilo y contento de que ya muy pronto esa absolutoria tenga firmeza y se cierra un capítulo que ya era hora que se cerrara, porque eso fue desde el año 2007, figúrese que va a cumplir nueve años de estar en la discusión pública".
"Es lamentable que las cosas duren tanto en Costa Rica para aclararse y si se cometieron algunos errores en la tramitación de ese proyecto, los costarricenses pueden estar seguros de que fueron errores menores, de orden administrativo o en la selección de uno o dos casos que no se debieron haber hecho, pero en el fondo, lo importante es que nunca se le dio un mal uso a unos fondos que nunca fueron públicos, sino que siempre fueron de un banco internacional", manifestó Arias.
Desilusión. Por su parte, Otto Guevara recibió con desilusión el fallo de los magistrados. Afirmó que en la vía judicial ya no se puede hacer nada para esclarecer cómo se gastaron $1,6 millones de fondos de cooperación, no reembolsable, que otorgó el BCIE.
Él alegaba que las consultorías fueron pagadas con recursos públicos porque el Estado costarricense es socio fundador del banco y, por consiguiente, están sujetas a los controles internos.
Argumentaba que, con base en ese apartado, las autoridades del BCIE y del gobierno de Arias se negaron a suministrar la totalidad de los documentos relacionados con las consultorías pagadas, sin controles del Estado, durante el 2006 y el 2007.
Se trata de 84 asesorías en temas legales y de imagen, aunque también se financiaron otros servicios como un músico y un mensajero, por las cuales se giró $1,6 millones, de un fondo de $2 millones.
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"Al desecharse la acción de inconstitucionalidad, muy probablemente, el siguiente paso será el archivo del expediente, es decir, el sobreseimiento de la acción penal", declaró el legislador.
Agregó que solo las autoridades actuales pueden revertir esa situación, si hacen pública esa documentación.
"Voy a mandarle una nota (al presidente Luis Guillermo Solís) para que instruya a Alberto Cortés (representante de Costa Rica en el BCIE), para que traiga toda la información de la forma cómo se han gastados todos los recursos (de la cooperación no reembolsable) a lo largo de todas las administraciones, como un ejercicio de transparencia", concluyó Guevara.